Gracias a las profundas reflexiones de Manuel Fernández y de algunos de sus más dilectos discípulos del PP, los súbditos de esta tierra podemos tener sólidos puntos de referencia que nos permitan comprender mejor la realidad. Por ejemplo, no puede ser que la Guardia Civil acuse a estas dos dirigentes peperas de falsear diplomas porque ellas, “se limitaban a firmar lo que les ponían delante, como hacía yo cuando era consejero” (qué peligro, oye, a ver si hasta eso habría que revisarlo). Porque si fuéramos a imputar delitos a los que firman diplomas y títulos que otros mangonean y a ti te ponen sobre la mesa para que los firmes, “habría que imputar también al jefe del Estado”, o sea, al Rey. Sólo falla la teoría de Fernández por tres insignificantes razones: primera, que para que un estudiante español adquiera un título universitario de esos que firma el Rey, es necesario pasar un largo proceso de formación imposible de falsear. Segundo, no consta que el Rey cobre una comisión por cada título que firma, ademas de ser inmune. Y tercero, la Guardia Civil asegura que eso de cobrar sí lo hacían las dos señoras del PP detenidas.