Poco a poco van llegando a nuestras manos nuevos documentos oficiales que avalan nuestras tesis de que este atropello a tres emisoras de radio teldense huele a podrido desde el primer día. El acta de entrada y registro en Canal Telde, por ejemplo, pone de manifiesto que la fuerza actuante, los peritos y la secretaria judicial no cortan las emisiones de esas estaciones por error, al intervenir los ordenadores sospechosos de contener obras pirateadas o elementos técnicos de desconocida finalidad. Lo hacen conscientemente: “Quedan precintados los cables de salida a la emisión pública”, se lee textualmente en la página 3 de la diligencia de entrada y registro de Canal Telde, el 12 de julio pasado, redactada por la secretaria judicial, como es preceptivo. Es decir, que para investigar un presunto delito contra la propiedad intelectual impiden que la emisora radie cualquier otro tipo de contenido informativo, cultural, entrevistas, debates, opiniones... Y lo hacen en base al auto de la juez Zabala de ese mismo día ordenando y autorizando “la intervención o el precinto de cuantos aparatos/soportes se estén utilizando en la comisión del delito para la emisión, retransmisión de la obra y grabaciones de audiovisual y software”. No tiene desperdicio de ningún tipo, se coja por donde se coja.