Pues no, Jorge Rodríguez no es abogado, ni siquiera licenciado en Derecho. Tiene un máster MBA, lo que seguramente le acreditará suficientemente para representar los intereses de empresas ante las administraciones públicas, que fue lo que hizo la semana pasada en Madrid, cuando acompañó al presidente de Islas Airwais a gestionar ante el Ministerio de Fomento el bloqueo que sufren los pagos de las subvenciones al transporte de pasajeros canarios. Desde la Mesa del Parlamento nos habían asegurado que Jorge Rodríguez tenía concedida la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía, que parece congeniar mejor con la actividad como parlamentario; no así el de componedor empresarial, que ya se sabe qué diluidos están los límites ?y en Canarias más- entre el interés empresarial y lo que te rondaré morena que yo hablo con menganito y te lo soluciono. Pretender que Jorge Rodríguez se dedique a otra cosa distinta que a la intermediación empresarial parece bastante ingenuo, lo que debería obligarle de inmediato a renunciar de una vez (y esta vez que sea para siempre) a la noble tarea de representar solo a los ciudadanos que le eligen.