La comparecencia de la concejala de Servicios Sociales de Las Palmas de Gran Canaria ante la comisión de pleno de Políticas de Igualdad no pudo ser más catastrófica. Era su estreno, lo que en teoría habría de permitirle los errores del novato. Pero no nos encontramos ante ese tipo de inexperiencia sino ante la constatación de que lo que natura non dat, Salamanca non prestat. La historia del desastre de los servicios sociales de la capital grancanaria arrancó casi desde el comienzo del mandato de Juan José Cardona al frente de la alcaldía. Pronto supimos de su intención de reducir a la mitad las ayudas domiciliarias a personas dependientes; a continuación, hace unas tres semanas, la segunda de a bordo, Mari Carmen Hernández Bento, avanzó que los tres centros de día para menores, que acaban de terminarse, cambiarían su uso por otro que eligieran los vecinos. Se encendían las alarmas porque eso significaba abandonar a su suerte a decenas de menores con graves problemas, menores a los que hasta ahora se les recogía en su colegio, se les trasladaba a esos centros especializados, se les ayudaba con los deberes y hasta se les daba una merienda. Paralelamente se conoce que el convenio para esos traslados había vencido y la ONG ADSIS no podía continuar. Al estallar la polémica, la concejala Rosa Viera emitió un comunicado en el que aseguraba que todo era mentira, que los chicos estaban siendo atendidos en sus respectivos domicilios. La que mentía era ella, y cuando ha sido sorprendida en la falacia ha dicho que su comunicado fue mal interpretado por la prensa.