Suponemos que la secretaria general técnica de Sanidad también habrá ocultado al consejero Bañolas que la Mesa de Contratación a la que atribuyen tantas responsabilidades se constituyó sin la presencia de un interventor delegado y un letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. Salvo (y seguimos con incómodas salvedades) que, como dicen las bases, el letrado fuera “sustituido [por necesidades del servicio] por personal al servicio de la Administración Pública, licenciado en Derecho y expresamente habilitado al efecto por la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias”, cosa que no consta ni parece que haya ocurrido. Porque en la relación de personas que formaron la Mesa de Contratación sólo aparecen la presidenta, Lourdes Quesada; el secretario, Oliverio Valido (asesor de la consejera), y los cuatro vocales que estipulaban las bases, todos ellos con sus correspondientes suplentes. Esos vocales son la doctora Palop, jefa del servicio de Nefrología del Hospital Doctor Negrín; la doctora Marisol Castillo, inspectora médica; el coordinador de la Unidad de Conciertos, Nicolás Santana Gil, y el gerente del Hospital General de Lanzarote, Román García. Pero ni rastro del interventor delegado ni del letrado de los servicios jurídicos, y perdonen que insistamos en esta cuestión porque, de momento, es la única irregularidad que hemos encontrado en el “impecable” expediente administrativo.