Enfrascados siempre en los espejismos que proporciona la actualidad de cada día, nos olvidamos de revisar algunos actos políticos de calado en su día ejecutados a mayor gloria del desarrollo de Canarias. En 2005 se puso en marcha una de las operaciones más hediondas de cuantas hemos podido conocer en profundidad en esta tierra: la declaración de interés general de la urbanización Anfi Tauro para permitirle una excepción en la moratoria turística en vigor. Fue aquel año, en agosto, cuando José Manuel Soria, a la sazón presidente del Cabildo, se dejó invitar por el entonces propietario del suelo, el noruego Björn Lyng, a un viaje de placer a Austria y a Noruega en el momento en que se tramitaba en aquella institución el correspondiente expediente administrativo. A aquel escándalo, que quedó archivado sin que recurriera la fiscalía por considerarlo prescrito, siguieron las conversaciones telefónicas intervenidas al socio de Lyng, el canario Santana Cazorla, que pedía al consejero de Ordenación del Territorio que le apretara “los tosnillos” a los funcionarios gubernamentales que ponían pegas en el siguiente trámite del expediente. Todo el escándalo tuvo su culmen en marzo de 2007, en el último pleno de la legislatura, un pleno escoba que sirvió para aprobar las conclusiones de la comisión de investigación de la trama eólica (otro pufo del PP) y la definitiva bendición a las 7.500 camas de Anfi Tauro. Sin embargo, casi cinco años después, la benefactora inversión aún no se ha realizado. Para que digan que todo se debe a la maraña burocrática.