No queremos mentar la bicha, que bastante complicadas están las cosas como para andar anulando concursos, pero las empresas que no accedieron a las frecuencias que pretendían en la convocatoria del Gobierno de Canarias están convencidas de que lograrán su paralización por haber encontrado irregularidades suficientes, siempre según su criterio. Porque, además de los aspectos contencioso-administrativos que puedan alegar, el concurso tiene una deriva penal promovida por el propio Gobierno al detectar una posible falsedad en documento público en unas 90 ofertas que llegaron fuera de plazo. Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife recibió en su día la querella del Ministerio Fiscal y de momento sabemos que se están investigando los hechos. Hay un precedente muy parecido en la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat ordenó suspender el concurso convocado en 2007 al detectarse, cuatro años después, cuando se abrieron por fin las plicas (eso es lentitud administrativa, lo demás son cáscaras de lapas), que podría haber delito de falsedad en documento público en concurso con estafa. Resulta curioso observar que tanto en los delitos que se investigan en Canarias como en los que se investigan en Valencia, aparece el despacho de abogados Díez & Romeo, cuyos administradores aún no están imputados en las causas, pero todo apunta a que muy pronto serán llamados a declarar, al menos en Valencia.