Cómodamente escarranchado en la sala de autoridades del aeropuerto de Gran Canaria, uno de los pocos rentables de España que el Gobierno quiere privatizar, Soria contesta a todas las preguntas que se le formulan y se mete en todos los jardines necesarios. Por ejemplo, el de la reforma de la ley del aborto, ante la que se ciñe como fiel escudero a las consignas de su partido: “Es una reforma equilibrada que no restringe ningún derecho de la mujer” Y se quedó tan fresco. Claro que, como hacen otros voceros del PP, Soria insiste en que la ley en ciernes no “hace reproche penal a la mujer”, lo que a su juicio, la convierte en “la ley más avanzada que pueda haber en ninguna parte de Europa”. Es de un cinismo la postura del PP que cuesta mucho trabajo rebatirla sin caer en lo que los exaltados llaman demagogia. Ciñéndonos estrictamente a las consideraciones jurídicas, chirría bastante eso de que no se penaliza a la mujer cuando sí se hace a los médicos que practicaran un aborto. Para perseguir a los facultativos será necesario el testimonio de la mujer que ha abortado, a la que se llamaría como testigo con obligación a decir verdad y a aportar su historial médico, con lo que eso supone de exponerla ante un proceso penal del no saldrá condenada, pero sí humillada, como hacen los de Pro Vida cuando acuden a las puertas de las clínicas abortivas a señalar con su dedo acusador a las que abortan, tanto si lo hacen dentro de la legalidad como si no. Porque se supone que lo ignoran por completo. Por no mencionar el calvario al que pretenden someter a las menores de 16 años que no obtengan la autorización de sus padres para abortar: habrán de acudir a un juez (con fiscal, abogados y funcionarios mediante) y esperar el tiempo pertinente con el riesgo grave de que un recurso en contra paralizaría la eventual autorización, con los plazos biológicos corriendo en contra de la perjudicada. En fin, que si no sabe dirigir un ministerio como el de Industria, menos sabría Soria dirigir el de Justicia, porque es de este último del que sale una norma que debió ser parida de forma trasversal, con Sanidad y Asuntos Sociales en el epicentro. Porque el de Igualdad, como se sabe, se lo cargaron estos nada más llegar.