Faycán como epicentro

Lo veníamos anunciando desde que comenzaron las sesiones del maratoniano juicio por el caso Grupo Europa: los imputados, aferrados a la teoría de la conspiración contra el PP, ejecutan el primer simulacro de explosión de todas las investigaciones que tengan que ver con ese partido de cuantas se desarrollaron durante la etapa del PSOE en el Gobierno de España. La sesión de este jueves, en la que intervino como estrella invitada Francisco Gordillo, el encargado de llevar y traer los maletines con comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde (siempre según su primera y hasta ayer única versión), no fue más que un nuevo acto de ese sainete en el que los actores secundarios tratan de ponerse bajo la sombra (por supuesto alargada) que proyecta el protagonista de la obra, el diputado del PP Jorge Rodríguez. El desarrollo del juicio ha conducido a los letrados de la defensa a tomar decisiones a la desesperada, muy propias de quienes quieren trasladar la atención fuera de la sala de vistas y lejos de los hechos por los que son juzgados sus patrocinados. Para ello, avisan a determinada prensa hasta ahora ausente en las sesiones o presionan para que deponga como testigo un inspector de Policía que sí ha estado en todas ellas, excepto ayer, que no convenía. Se trata del inspector José Ángel Vargas, que ha actuado de asesor, de apoyo moral y, sobre todo, de instigador técnico de la teoría de la conspiración. Su testimonio nunca estuvo previsto, pero a medida que ha ido avanzando la vista oral, a los abogados les ha parecido necesario su apoyo. Este miércoles se pudo ver al policía, en horas del mediodía, charlando animadamente con uno de los principales encartados en la trama, el administrador de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, desplazado desde Costa Rica (Pura Vida, oye) para el acontecimiento. El escenario, la cafetería del hotel Parque. Seguramente hablarían de fútbol. O, para mejor ilustrarse, de cómo la misma Policía que investigó al PP durante el mandato del PSOE sigue investigando al mismo partido en toda España, ahora bajo el poder absoluto del investigado, por asuntos tan graves como Gürtel. En fin.

¿El policía que lo coaccionó? ¿Vargas?

Los periodistas que se han tragado una tras otras las largas sesiones del juicio por el caso Grupo Europa se sorprendieron al ver llegar por primera vez a la sala de prensa a algunos compañeros que jamás se habían dejado ver por allí. Habían sido avisados por los letrados de las defensas de que Francisco Gordillo, la mano derecha de la fallecida Toñi Torres en el cuatrienio negro de Telde (2003-2007) iba a desdecirse de todo lo que había declarado durante la investigación del caso Faycán. Y eso que el testigo no había sido propuesto por esa parte, sino por el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, lo que evidencia muy a las claras que alguien habló con él antes de la sesión de este jueves. Ningún abogado avisa a la prensa sobre el contenido de la deposición de un testigo si no la conoce previamente, lo que ha de conducirnos necesariamente a que más de una sesión espiritista ha habido con antelación. Pero, ¿qué declaró esta alma de cántaro que tanto interesó, de repente, a periódicos tan afectos al régimen como el ABC? Básicamente que, pobrecito, relató todas sus trapisondas en el Ayuntamiento de Telde como cobrador de sobornos coaccionado por la Policía: “Me dijeron que si no declaraba lo que ellos querían iban a meter a toda mi familia en la cárcel”, aseguró. ¿Y qué policías le dijeron eso? Gordillo señaló a los dos inspectores cuyos nombres han pronunciado incansablemente los letrados de las defensas: Murillo y Ayuso. Hemos tirado de hemeroteca y de sumario y hemos descubierto que el primer policía que lo interrogó no fue ninguno de ellos. Fue, ¡albricias!, el tal Vargas, el inspector que dirigió la instrucción del caso Faycán hasta septiembre de 2006, luego, el jefe del operativo hasta que fue relevado por pérdida de confianza. La detención de Gordillo se produjo el 1 de marzo de ese año, y su primer interrogatorio corrió por cuenta precisamente del inspector que ahora las defensas quieren que declare como testigo. El inspector que fue apartado de Faycán por sus superiores por fisuras en la investigación y que ahora aparece como asesor de los malos. Imposible mayor desfachatez.

Quién es Gordillo

Es evidente que Francisco Gordillo ha mentido al menos una vez. Y si su versión de este jueves es la buena, anteriormente mintió tres veces (una ante la Policía y dos ante el juez instructor, Francisco Javier García-Sotoca), sin contar sus declaraciones a la prensa, entre otros medios, a El País a finales de 2006, al que declaró que las comisiones que él cobraba a los empresarios a cambio de favores políticos tenían como destino el PP de Telde. Aquellas acusaciones, sin nadie alrededor que lo coaccionara, le valieron el anuncio de un querella de José Manuel Soria, que declaró urbi et orbi, herido en su orgullo pepero, lo siguiente: “Nada más conocer la información publicada por el diario El País he dado instrucciones al abogado del Partido Popular para interponer una querella criminal”. ¿Tú la viste? Nosotros, no. Y Gordillo, suponemos que tampoco. Por si no recuerdan al personaje, este asesor de Toñi Torres en el Ayuntamiento de Telde fue detenido tras una investigación policial en la que se intervinieron teléfonos al denunciarse por una empresaria el cobro de comisiones a cambio de obras y de la agilización de los pagos municipales. Pasó casi 50 días en prisión provisional al ser acusado de los delitos de cohecho, maquinación para alterar los precios y falsedad en documento público. Fue él el que, entre otras apoteosis golfas, descubrió al mundo que su jefa repartía las comisiones entre concejales del grupo de gobierno refiriéndose a las mordidas con nombres de frutas y hortalizas: aguacates y tomates, entre otros. Además, dijo ante el juez instructor, sin la presencia de ningún policía que pudiera coaccionarle, que parte del dinero que se cobraba en comisiones iba a parar al PP. Su versión sobre los cobros de comisiones fue ratificada por varios empresarios que confesaron haberlas pagado. Se enfrentará pronto a una petición de pena de dos años de cárcel y doce de inhabilitación por los delitos de prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado, falsedad, malversación y fraude. Camino a la santidad, vamos. Su cambio de criterio le podría reportar que se le abriera una causa nueva por falso testimonio en juicio oral, y ya le va a valer al fiscal anticorrupción para saber cómo se va a comportar en el juicio madre, el del caso Faycán.

Mena deja su reguero

Otro personaje imprescindible en estas tramas de corrupción sufridas por la ciudad de Telde es José Luis Mena, que también se sienta en el banquillo del caso Grupo Europa y al que esperan otras causas penales de mucha enjundia, entre ellas Faycán, donde se enfrenta a una petición de condena de cuatro años de cárcel. Era entonces el jefe del servicio de Urbanismo, cargo en el que algunos concejales del actual gobierno municipal pretendieron perpetuarlo mediante un concurso amañado que finalmente quedó frustrado. Esa escaramuza se le volvió en contra hasta el punto de haber sido destituido incluso como director de gobierno de Recursos Humanos, cargo de consolación que le dieron al quitarle el urbanismo tras las sospechas de nuevas trapisondas. Su venganza contra la alcaldesa y contra su socio de Coalición Canaria, encarnada en el concejal Pablo Rodríguez, se ha conocido esta semana. Apoyándose en el sindicato UGT y en su compadre, el mega-liberado Juan Andrés Arroyo, firmó ya destituido un informe contra el nombramiento de un asesor de CC, Efraín Gómez, que lleva en el puesto desde junio de 2011. En venganza por su degradación hasta la condición de funcionario de a pie, Mena ha puesto en entredicho la “cualificación académica” de Gómez para ejercer como asesor, lo que de ser causa sólida acabaría con el 90% de esos nombramientos en toda España y parte del extranjero. En una operación tan burda como evidente, Mena pasó el expediente a UGT (sindicato con el que comparte muchas cosas) y a Guillermo Reyes, también defenestrado como concejal del grupo de gobierno para que, el primero, lo aventara ante la prensa y pidiera a la alcaldesa el despido del asesor, y para que el segundo lo sacara a relucir en el último pleno corporativo citando incluso el número de expediente. Mena tenía preparado ese informe desde el verano de 2013, pero no lo firmó y lo comunicó hasta que supo que se acababa su fiesta.