En una decisión adoptada por unanimidad, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado una queja del Gobierno de Canarias que jamás debió producirse. No es baladí que el acuerdo de archivo de la queja contra la magistrada Victoria Rosell se haya alcanzado por unanimidad, dadas las conocidas y evidentes diferencias existentes entre conservadores y progresistas en el seno del órgano de gobierno de los jueces españoles. Como tampoco es baladí que el órgano que examina las quejas haya invocado el derecho constitucional de la magistrada a expresarse libremente, máxime cuando el asunto sobre el que opinó a requerimiento de la Cadena Ser, el caso Tebeto, nunca estuvo bajo su esfera jurisdiccional y ya había sido juzgado y sentenciado. Tampoco es despreciable el numerito mediático que montó el Gobierno para anunciar urbi et orbi esta frustrada acción contra una juez que se limitó a opinar sobre un escándalo que, aún hoy, sigue sonrojando a todos los canarios, gracias precisamente al Gobierno que padecemos.