La Ley de Presupuestos limita a las corporaciones locales el porcentaje de sus presupuestos que pueden destinar al capítulo 1, el personal. Si bajan los ingresos y no se puede despedir a los funcionarios ni rebajarles el sueldo, las cuentas no cuadran. De ahí que Soria propusiera esa medida de congelación salarial, que se extendería a los próximos dos ejercicios económicos. La alternativa tiene veneno: conseguir que el Gobierno de España “devuelva a Canarias” (la expresión es literal) unos 300 millones de euros que el consejero insiste que corresponden por exceso de recaudación del extinto ITE. Ese dinero habría de repartirse entre los cabildos y ayuntamientos (58%) y el Gobierno (42%), lo que esgrimió Soria para volver a pedir el respaldo de los alcaldes. Se lo dieron con condiciones, pero porque el consejero canario aseguró ante la FECAM que el ministro Solbes le ha dado serias esperanzas de que pueda conseguirse ese propósito. En el PSOE negaban la noche de este miércoles esa posibilidad y se preguntaban por qué Soria no pidió el mismo candoroso respaldo para irse a freír espárragos, que tiene guasa poner en la balanza congelación o ir contra Solbes.