Desde tiempos de Adán Martín empezaron a celebrarse las primeras conversaciones informales sobre la conveniencia de que los ex presidentes del Gobierno de Canarias puedan disfrutar de ciertos privilegios en base a esa condición, mayormente poder utilizar coches del parque móvil de la Comunidad Autónoma para acudir a actos oficiales o disponer de un auxiliar administrativo para la gestión de sus diligencias públicas. Adán Martín no se atrevió a dar ese paso, quizás por su manifiesta impopularidad, y ello a pesar de que ex presidentes como Román Rodríguez le animaron a hacerlo. Rodríguez es de los que sostiene que no es digno de una sociedad moderna descuidar la jubilación de los que han sido sus máximos representantes. Y ha predicado con el ejemplo: cada vez que se ha enterado de alguna necesidad de este tipo del ex presidente Lorenzo Olarte, la ha tratado de cubrir, por ejemplo, enviándole un coche oficial del Cabildo para conducirlo a alguna cita oficial. Porque esas personas siguen siendo personalidades, son convocadas a actos públicos en consideración a su condición de ex presidentes, reciben honores y distinciones y, de alguna manera, representan un periodo concreto de nuestra historia institucional. Ahora los partidos han elegido el momento menos propicio para plantear esta iniciativa, porque si suena mal promover estas prerrogativas, peor suena hacerlo en plena crisis.