Vamos a ver si centramos al consejero de Sanidad, que tan difícil no es la cosa: no puede ser cierto que la Mesa de Contratación fuera la que cambió las bases administrativas del concurso porque éstas fueron publicadas el 13 de mayo y la mesa se vino a constituir el 11 de junio, como consta en el Perfil del Contratante de la web del Gobierno de Canarias. Las bases, apreciado consejero, las cambió la secretaria general técnica un indeterminado día de mayo mientras supervisaba el borrador que a tal fin le habían presentado los funcionarios del Servicio Canario de Salud, que actuaban del modo que creían más razonable para garantizar la calidad y solvencia de un servicio tan delicado como el de la hemodiálisis. Falta por saber, eso sí, los motivos que animaron a la secretaria general a producir esas modificaciones, si fue decisión propia o le vino inducida por alguna orden de la superioridad (la consejera Mercedes Roldós) o si pululaba por los alrededores el abogado y empresario Javier Artiles, a la sazón asesor jurídico de la consejería. Y de ella misma, a la que defendió apasionadamente en un proceso penal archivado en octubre pasado que derivó de una actuación administrativa.