Sorprende, y mucho, en Mogán, la celeridad con que, supuestamente, se ha hecho caso al Gobierno de Canarias y se ha redactado desde cero este Avance 2 del Plan General. Seis meses escasos cuando el anterior proceso duró seis años y de paso sirvió de coartada futura a las cochinadas de Góndola. Hasta la próxima semana los representantes públicos no tendrán acceso al documento para comprobar si el PP ha seguido las indicaciones de la Consejería de Ordenación Territorial o, si simplemente, se ha adornado el mismo documento que no servía ni para hacer la o con un canuto en mayo pasado. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y todo el municipio sabe que de donde se puede pescar algo en este mandato es en el urbanismo fallido del Paquirrinato o en la también inmediata privatización total de la gestión del agua de abasto. Que esa es otra. Lo cierto es que desde el mismo grupo de gobierno, algunos concejales del PP no se cortan en decir que este PGOU bis no sirve de mucho, porque la investigación judicial del caso Góndola está pendiente de determinar, mediante periciales encargadas en junio al Gobierno de Canarias, la legalidad de los tres convenios urbanísticos que dieron origen al caso.