Puestos a buscar la historia de cada disparate urbanístico perpetrado en Canarias ya sólo es preciso poner en Google el nombre del adefesio en cuestión para que aparezca una retahíla bochornosa de acusaciones, justificaciones, expedientes y hasta procesos penales. En el caso del mamotreto de Las Teresitas hemos recuperado una comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, de noviembre de 2008, cuando su partido, CC, cogobernaba con el PP. El pobre consejero hacía encaje de bolillos para tratar de decirle a Gloria Gutiérrez, del PSOE, que aquello se podía legalizar sencillamente por el fin para el que fue diseñado, esto es, aparcamientos y uso comercial. En aquella comisión parlamentaria, un prudente Miguel Cabrera Pérez-Camacho (PP) recomendaba a sus señorías esperar a que se pronunciara la justicia, dado que el caso del mamotreto ya tenía incluso una deriva penal. Perro viejo del Derecho, Pérez-Camacho ha sido de momento el único que ha acertado porque en el reciente escrito de acusación del Ministerio Fiscal en la causa 193/2010 de Instrucción 2 de Santa Cruz de Tenerife, contra los concejales Manuel Parejo, Luz Reverón y otros, se hace un relato pormenorizado de todos los acontecimientos administrativos y judiciales del mamotreto y recuerda que ese proyecto resulta totalmente ilegalizable. Lo recalcó el diputado popular hace unos días en Mírame TV, para bochorno de sus compañeros Tavío y Fernández que piden al Parlamento un auténtico disparate: forzar las leyes para que el mamotreto pase a estar en el mundo de lo legal.