Algunos de los implicados hacen denodados esfuerzos por sacudirse las culpas (o las presuntas culpas) que se les atribuyen en la querella, y dirigen todos los focos hacia Rafael González Bravo de Laguna, que se defiende con argumentos que a priori parecen bastante convincentes: si es cierto que dejó de tener poderes ejecutivos en Sercanarias en 2008, cuando Saur vendió sus acciones a Axa y quedó como mero presidente honorífico; si es cierto como sostiene que el control ejecutivo lo ejercían José Luis Rubio, en nombre de la francesa, y Pablo Abril-Martorell, en nombre de Sacyr (a través de su filial Valoriza-Aguas); si es cierto que fue él quien puso en 2010 en conocimiento de las dos compañías matrices parte de los hechos ahora bajo investigación, los dos ejecutivos de Emalsa tienen un problema. Y están actuando de la misma manera que hicieron a finales de 2012 y principios de 2013, cuando se conoció la denuncia de Séché, es decir, haciendo lobby periodístico para mejor proveer. No nos consta que ahora hayan contratado nuevamente a algún periodista madrileño de postín para ejercer presión (tuvo un éxito relativo en sus escaramuzas de principios de año) o si han aplicado los conocimientos de empresarios locales, con más capacidad de acceso a los que deciden quién es más culpable que el otro ante cualquier acontecimiento escandaloso. Lo que parece confirmado es que ambos ejecutivos están en todas las salsas, tanto en la parte de la denuncia que tiene que ver con el desvío de fondos de Emalsa a Sercanarias y de ésta a Seguridad Integral Canarias para hacer frente a un contrato de compraventa, como en la que relata la operación de alquiler con opción a compra de la sede de la compañía mixta de aguas en el centro Comercial Las Ramblas, propiedad de Satocan, de Juan Miguel Sanjuan, otro empresario denunciado por el Ministerio Fiscal. En ningún caso aparece la firma de Rafael González Bravo de Laguna, y sin embargo es el que se lleva todas las hostias. Ya nos explicarán por qué, aunque nos lo podemos imaginar.