Pero puestos a enredar más aún el asunto del canódromo, ¿qué les parece si echamos un ojo a la intervención que tuvo en la cuestión el Gobierno de Canarias? Porque fue la Comunidad Autónoma la que, en uso de sus facultades, aprobó el Plan General de Las Palmas de Gran Canaria, suspendido por la Sala de lo Contencioso en lo que respecta a la parcela del canódromo. Dentro de ese Plan General está el plan especial también suspendido, rechazado en diciembre de 2006 por la Comunidad Autónoma pero admitido finalmente después de que el Ayuntamiento interpusiera el correspondiente requerimiento ante el mismo órgano que inicialmente lo había tumbado. Así las cosas, hasta podría darse la circunstancia de que en el momento procesal oportuno y, a la hora de fijar las responsabilidades económicas, también tenga que pagar la Comunidad Autónoma.