Ante ese clamor, que tratan de apaciguar algunos medios informativos engatusados por la promesa de Repsol de fuertes inversiones publicitarias y de otra índole cuando empiece sus trabajos en Canarias, el Gobierno de España ha respondido con la altanería acostumbrada, dando la espalda con desprecio a las instituciones canarias y haciendo prevalecer los intereses coyunturales y de conveniencia económica nacional a las consecuencias que podrían acarrear una decisión así. La limpieza de esas autorizaciones están en entredicho desde hace algunas semanas, y en CANARIAS AHORA lo relatamos con detalle: si prosperaran mínimamente las acciones judiciales que ha anunciado el Gobierno de Canarias contra las licencias a Repsol, el Gobierno de España podría verse obligado, a partir de este pasado viernes, a tener que indemnizar con fuertes sumas de dinero a la multinacional petrolera para compensarla por el lucro cesante y/o daño emergente. Es decir, un curioso remedo del caso Tebeto, cuando por culpa de una disparatada tramitación de un expediente administrativo, un empresario estuvo a punto de percibir del Gobierno de Canarias más de 100 millones de euros por una cantera de traquita en la que no se había movido una piedra. Casualmente, como tantas y tantas cosas ocurridas en Canarias los últimos diecisiete años, el frustrado pelotazo de Tebeto llevaba muy cerca la firma de uno de los hermanos Soria, en concreto Luis, colocado por su hermano José Manuel al frente de la Consejería de Industria para que, como decisiva aportación a la política industrial de Canarias, dejara para la posteridad un baño privado con bidé.