Corre, José Manuel, corre

La reunión se había organizado desde hacía varias semanas con el sigilo obligado por un orden del día sensible. El Cabildo de Fuerteventura no quería que su pretensión de conocer con detalle el expediente del estudio de impacto ambiental de las prospecciones de Repsol en Canarias fuera torpedeada por alguien, verbigracia, por el ministro de Industria, principal valedor de la compañía. Pero una indiscreción del senador herreño Narvay Quintero dio al traste con la estrategia y allí se presentó inesperadamente, como alma que lleva el diablo, el subsecretario de Estado de Industria y Energía, Enrique Hernández Bento, el brazo ejecutor de Soria para actividades clasificadas, molestas e insalubres. El nuevo Larry Álvarez del ministro, para que nos entendamos. El senador herreño contó a Canarias7 que se iba a celebrar la reunión, y conocida su existencia por los cuarteles generales sorianos se activaron de inmediato las contramedidas. Como ocurriera al inicio de esta legislatura, cuando Soria en persona ordenó cancelar una reunión del viceconsejero canario de Turismo con el director de Tourespaña, este miércoles movió todos sus resortes para intentar frustrar el encuentro de ayer entre el Cabildo y las autoridades nacionales de Medio Ambiente. No lo consiguió del todo porque todavía hay modales en ciertos sectores del Gobierno del Estado, pero el encuentro se retrasó lo suficiente para que llegara a tiempo Hernández Bento y ejerciera como asirocado comisario político en favor de su señorito y, consecuentemente, de Repsol. El subsecretario, que no tiene competencias de ningún tipo en la tramitación actual, dirigió la reunión, impidió que se facilitara a la delegación canaria la información que solicitaba (las deficiencias detectadas en el estudio de impacto ambiental de las prospecciones) y hasta entorpeció que se expresaran libremente los altos cargos del ministerio que dirige Arias Cañete. Sin pretenderlo, confirmó las sospechas: hay gato encerrado.

El Supremo votará el 1 de abril

Las prisas están absolutamente fundadas. Tanto Soria como Bento han dedicado muchas intervenciones públicas a anunciar el cronograma de las prospecciones como si fueran los portavoces de la petrolera y no los defensores de la pulcritud de un expediente que hace aguas por todas partes. Primero dijeron que todo estaría listo para los sondeos a principios de este año, pero conocedores de que el expediente puede ser denunciado por sus graves carencias, de las que Medio Ambiente no quiere ser responsable, han ido postergando su buena nueva hasta después del verano. Pero necesitan imperiosamente que la declaración de impacto ambiental salga del Ministerio de Medio Ambiente antes del 1 de abril, fecha en la que el Tribunal Supremo se reunirá para votar los ocho recursos que las instituciones canarias tienen planteados contra las prospecciones. Por eso era importante que de la reunión de este jueves no saliera la noticia que inicialmente salió y que va a ser la que termine estableciéndose: que el expediente queda en suspenso (no anulado) hasta que Repsol subsane los defectos formales, que no son otros que aportar una serie de informes imprescindibles para poder hacer la preceptiva evaluación de impacto ambiental. Y, ¿qué es lo que no aportó Repsol que el ministerio de Arias Cañete considera trascendental para evitar la denegación del impacto ambiental? Pues nada menos que la previsión sobre la gestión de residuos, la afección de las prospecciones sobre la población local (desabastecimiento de agua de abasto por parálisis de las plantas desaladoras), la ubicación concreta de los pozos (el expediente no concreta dónde se va a sondear); los daños sobre el subsuelo marino y las consecuencias sobre la biodiversidad de los movimientos sísmicos previsibles, entre otras muchas exigencias contenidas en las miles de alegaciones presentadas en la fase de información pública.

Nada por escrito

Enrique Hernández Bento hizo todo lo posible por destrozar la reunión tapando las deficiencias detectadas. Su empeño contó con la colaboración de la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (eso no cabe en una tarjeta de visita), Guillermina Yanguas. Por más que los comisionados canarios, a los que acompañaba el senador Narvay Quintero, pidieron que les dieran una copia del escrito enviado con las exigencias a Repsol, regresaron a las Islas con lo puesto. La cerrazón fue total y sustituyó de manera abrupta el buen clima que habían mostrado antes de la reunión las autoridades ministeriales. Su percepción fue la que se lanzó a la prensa desde el Cabildo de Fuerteventura: el expediente adolece de graves carencias que obligan a paralizarlo hasta que sean resueltas por la compañía proponente. Fuera del ámbito gubernamental se desconocen cuáles han sido esos documentos reclamados, pero como coincidan con la mitad de las chapuzas detectadas por los expertos que redactaron las alegaciones oficiales todo conduciría a la apertura de un nuevo plazo de información pública que retrasaría las autorizaciones hasta fechas que todavía no han calculado ni Soria ni Hernández Bento, Enrique. Con la diferencia de que ahora no podrán abrir ese periodo en agosto, como hicieron el año pasado en la errónea creencia de que nadie se enteraría y no habría contestación. Ahora tienen más prisa. Y los problemas que creyeron superables con el mero ejercicio del poder oscuro que practican.

Soria cae en desgracia

El episodio de este jueves en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se produce justo en el momento de las horas más bajas de José Manuel Soria. Sus disparates con la reforma eléctrica y el caos generado en el todo el sector eléctrico han conducido a uno de los peores anuncios que ha de desayunarse un ministro de un Gobierno liberal: la marcha de inversores por la inseguridad jurídica generada por su atolondrada gestión. Lo ha dicho nada menos que el presidente de Iberdrola, que trasladará todas sus inversiones en renovables al extranjero por las políticas sorianas en esta materia, destinadas únicamente a proteger y potenciar las energías fósiles. En un contexto así resaltan de manera escandalosa los descarados esfuerzos del ministro canario y lo que le va quedando de su equipo por satisfacer de modo exclusivo a la compañía Repsol. Las alarmas se han encendido en el PP y en su entorno mediático más próximo. Lean si no lo que ha escrito uno de los periodistas más afines a ese partido, Antonio Martín Beaumont, que relata en esta pieza memorable lo que muchos venimos pronosticando desde hace tiempo: el posicionamiento de Soria ante un más que probable abandono de la política para ocupar un puesto de relumbrón en la petrolera que preside (también atolondradamente) Antonio Brufau. El periodista también se refiere, de modo muy elocuente, a los escollos que las prospecciones canarias tienen en la mesa del ministro Cañete, lo que confirma las sospechas de las autoridades canarias de que se presiona a Medio Ambiente para sacar adelante como sea el informe de impacto ambiental. El cabreo del PP en Valencia y en Baleares por las prospecciones petrolíferas, el desprecio con el que ha tratado el ministro a Canarias en este asunto y la deriva negligente a la que ha conducido a consumidores y productores de energía en España, pronostican un relevo inminente. Su suerte es que, a pesar de su trayectoria, todavía hay ministros más irresponsables que él en el Gabinete de Rajoy que justificarían de sobra una renovación muy amplia.

Pitufo Experto del Pitufo Delomíoqué

Terminó con KO técnico en la bancada de las defensas la maratoniana comparecencia como testigo del jefe de la Brigada de Información que investigó el ejemplar comportamiento de los acusados del caso Grupo Europa, que se juzga estos meses en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias con seis encartados, uno de rancio abolengo, otro residente en San José de Costa Rica, un tercero rebajado de servicio y el resto, del común. La pitufada no cesó, como cabía esperar, porque a los interrogatorios formulados por Pitufo Dormilón y Pitufo Anasagasti siguieron los de los letrados que no querían ser menos en la aplicación de la pitufogate, o teoría de la conspiración del mundo contra esas angelicales almas que son sus clientes. No esperábamos muchas novedades al respecto, la verdad, sin embargo nos tropezamos con una joya del Derecho, el defensor del Pitufo Delomíoqué, Pedro Pablo Santana, el asesor de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde que también quería otros 30.000 euros como los que transportó (presuntamente) de las manos del denunciante a las de José Luis Mena, Pitufo Glotón. A este letrado le podemos llamar tranquilamente Pitufo Experto, y de su experiencia da cuenta su propio currículo: “Asesor jurídico en el área de disciplina urbanística del M.I. Ayto. de Telde, con directa participación en la tramitación de los expedientes por infracciones urbanísticas en terreno rústico y urbano, así como actividades clasificadas”. Y, ¿cuándo ocupó tan influyente plaza de asesor nuestro Pitufo Experto? Pues nada más y nada menos que en el cuatrienio negro del urbanismo en Telde (2003-2007), cuando Reyes, Mena y sus secuaces camparon a sus anchas por aquellos lares. Por lo tanto nos encontramos ante un experto, un conocedor de lo que se coció en aquellas calderas. Sabe lo que defiende y por qué lo tiene que defender. Mena y Pedro Pablo están en buenas manos. No tan al loro parece estar el abogado de Juan Carlos Saavedra, Pitufo Blando, que pidió que comparezca como testigo Pitufo Tontín, el policía que se ha tragado todas las sesiones del juicio sentado entre el público y haciendo de correveidile de acusados y defensas todo este tiempo. Pero eso mejor que se lo lean a Alexis González, que está empollado. Ja.