En una cosa tiene razón Adán Martín: si alguien tiene pruebas de corrupción, debe acudir a los tribunales. No toca esa tarea a los medios de comunicación, que bastante nos jugamos en esta tierra con denunciar los casos que se nos presentan sin poder llegar a ponerle la etiqueta que, en ocasiones, reserva para ellos el Código Penal. Además de los denunciantes por los que clama Martín, en los Estados de Derecho existen otros mecanismos como el Ministerio Fiscal, y más concretamente, el Fiscal General del Estado. Si el Gobierno de Zapatero tiene tan clara -como tenemos nosotros- la existencia de ese déficit democrático en Canarias y de esa corrupción subyacente, ya está tardando en dar las órdenes pertinentes al Fiscal. Nosotros, humildemente, nos ponemos a su disposición para darle unas cuantas pistas, incluso llamativas cuentas en Suiza a las que, naturalmente, no podemos acceder para cerrar muy interesantes círculos político-empresariales.