El PP no culpaba entonces al Parlamento

La comparecencia gubernamental de enero de 2011, con el PP en la oposición, sirve para dejar en pelota viva su actual postura de defensa a ultranza de Soria en la tramitación del aval churrigueresco a Vanyera. Si ahora dicen que la culpa fue del Parlamento por haber aprobado unánimemente en 2007 una modificación legal para autorizar al Gobierno a conceder ese aval, en 2011 quien actuó de portavoz sostenía que todo estaba en regla y que los tribunales acabarían por dar la razón al Gobierno, es decir, bendiciendo las actuaciones de Su Excelencia. Curiosamente, Pérez Camacho culpó a Vanyera y a la Caja General de Ahorros de Canarias, la entidad que otorgó el préstamo de 5,2 millones avalados por el Gobierno. A Vanyera le endosó la responsabilidad de no haber otorgado “aval suficiente y bastante” (extremo que debió supervisar y corregir el consejero de Economía y Hacienda, según su propio decreto), y no cumplir con el plan de viabilidad, “reduciendo gastos de procedimiento y de personal” (lo tenía que supervisar el mismo Soria, de acuerdo con su propio decreto). A CajaCanarias le responsabilizó de no supervisar “esa contragarantía” ni exigir el “cumplimiento de esas obligaciones” (no era su función, según el referido decreto). Todas esas exigencias que con la estridencia habitual enumeró Pérez Camacho en ese pleno de enero de 2011 estaban recogidas en el decreto de concesión del aval, y para su seguimiento se comisionaba expresamente al consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, que podía reclamar información constante al banco y a la empresa para verificar que la operación se ceñía a lo establecido. Porque descontado que no se inscribieron las prendas para poder reclamar llegado el momento procesal oportuno (Vanyera estaba en concurso de acreedores cuando se autorizó el aval), el Gobierno al menos habría podido cancelar unilateralmente la operación con menos quebranto denunciando el incumplimiento de las condiciones por parte del avalado. Ni eso hizo Soria. Ni eso reclamaron los Servicios Jurídicos. Ahora, tres años después, esos mismos letrados, pero ahora sin la autoridad de Ruano y con Soria y los suyos fuera del Gobierno, son los que buscan responsables a los que endosarles las exigencias patrimoniales. Cógelo Cuco.