Una precipitación y unas disculpas

No somos en absoluto sospechosos de formar parte de la campaña “salvemos al soldado Clavijo”, que con tanto denuedo ejecutan algunos colegas de la provincia hermana de Santa Cruz de Tenerife con fondos laguneros. No tenemos por costumbre, por lo tanto, inventarnos noticias que pudieran o pudiesen beneficiar al candidato de Coalición Canaria. A algunos lectores, por lo tanto, puede haberles extrañado nuestro titular anunciando la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir el sobreseimiento de los variados y sandungueros delitos por los que desde 2010 se viene investigando alcalde de La Laguna, el ya mentado Fernando Clavijo Baute. A esos lectores y a los demás debemos ofrecerles de entrada nuestras disculpas por el tiempo en que permaneció como noticia principal de Canarias Ahora esa supuesta decisión del Ministerio Público, sencillamente porque tal decisión no ha pasado aún de la mera declaración de intenciones de la fiscal María Farnés Martínez. Por lo tanto, no puede afirmarse –como hicimos por una clamorosa precipitación- que la Fiscalía haya pedido el sobreseimiento de los delitos que pesan sobre el candidato nacionalista. Fuimos víctimas de una filtración judicial por la que una fuente habitualmente infalible nos aseguró que esa petición de la fiscal ya se había producido, que el escrito correspondiente ya había tenido entrada en el juzgado. Y en realidad, en parte fue así, porque aun siendo incorrecto afirmar que el Ministerio Público había pedido ya el archivo, lo que prevalece es que el posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción respecto de las escuchas autorizadas a Fernando Clavijo (entre otras personas) no es más que el paso formal para pedir iniciar los trámites para archivar la causa en la parte que le corresponde. La invalidación de esas escuchas impedirá sostener la imputación de todos los delitos de Fernando Clavijo salvo uno, y ese uno, el referido a su actuación de trato de favor en la concesión de ayudas a personas del barrio de Las Chumberas, terminará finalmente decayendo por voluntad de la fiscala María Farnés Martínez, en cuyo círculo se sostiene que “no lo ve”. Por lo tanto debemos pedir disculpas a nuestros lectores si, como consecuencia de una precipitación presentamos una noticia que les hizo albergar la certeza de que era inminente el sobreseimiento de todos los cargos contra el candidato de CC.

En manos de la nueva juez

A la espera de lo que puedan hacer las acusaciones particulares en esta causa de Corredor, ante el desistimiento de la Fiscalía es más que probable que Fernando Clavijo pueda conseguir su propósito de llegar a las elecciones de mayo sin la carga de una imputación penal. Lo decidirá, llegado el momento, la juez titular de Instrucción 3 de La Laguna, a la que corresponde ahora la instrucción del sumario por la abstención obligada del juez César Romero Pamparacuatro. La juez, sin embargo, habrá de terminar de practicar las pruebas solicitadas por las partes, estudiar los recursos que cada cual pueda interponer y decidir si acepta la petición de las defensas de algunos imputados de la prejudicialidad penal, es decir, congelar cualquier diligencia hasta verificar cómo avanza en el Tribunal Superior de Justicia la causa abierta contra el juez instructor por querella del principal encartado. Si se aceptara esta petición, entonces es seguro que Clavijo llegará imputado a las elecciones de mayo, solo que con un escrito a su favor del Ministerio Fiscal con el que poder defenderse de cualquier ataque de sus adversarios.

Un auto con sorpresas

Pero quizás la noticia más notable de todas cuantas hayan tenido que ver estos últimos días con el caso Corredor sea la imputación por varios delitos (no se sabe cuáles con precisión) del juez César Romero Pamparacuatro. No es habitual, nada habitual, que el TSJC admita a trámite una querella contra un juez, y menos si proviene de un justiciable con la cartilla penal que presenta este Evaristo González, con delitos tan edificantes como blanqueo de capitales o contra la Seguridad Social, en pleno proceso de investigación. La querella ha tardado tres meses en superar el trámite de la admisión, quizás a la espera de que se produjera un acontecimiento que iluminara a la Sala de lo Civil y Penal sobre la deriva que podría tomar el caso Corredor. Ese acontecimiento ha sido, como seguramente ya han empezado a deducir, el conocimiento de que la fiscalía tiene previsto dejar fuera de las investigaciones al alcalde de La Laguna y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno. Pero el auto formulado por la magistrada Margarita Varona tiene en sí mismo otros rasgos que no es bueno pasar por alto. Como, por ejemplo, la constancia que deja del parentesco que en segundo grado tiene el presidente del TSJC, Antonio Doreste, con el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandro Parres, una pieza clave en todo lo que se ha de investigar porque hacia él van dirigidas particularmente las críticas feroces del juez Pamparacuatro por no dotar a su juzgado de medios para levantar el secreto del caso Corredor. Es más que probable que Parres tenga que declarar como testigo y su testimonio será fundamental en la investigación del delito de retardo malicioso que se le imputa al magistrado. El auto, de cuatro folios, aparece rematado por un error formal apoteósico al decretar que esa resolución se le comunique al Ministerio Fiscal, al querellante, al Consejo General del Poder Judicial… sin mención expresa a los dos imputados, el referido juez y la secretaria judicial de su juzgado, María del Pilar Granda. El auto lo tuvieron los querellados después de que lo tuvieran los medios de comunicación gracias al envío del gabinete e prensa del TSJC. ¿Se imaginan que ese error lo cometiera Pamparacuatro?

Qué fácil se lo ponen a Roman

Mientras, la vida política continúa fuera de los juzgados. Esa fuerza emergente en que se ha convertido Nueva Canarias continúa haciendo acopio de efectivos, unas veces por iniciativa propia y las más por errores de los rivales. El partido de Román Rodríguez va camino de convertirse en el referente del nacionalismo en una región donde parecía que esa bandera jamás se le podía arrebatar a Coalición Canaria. Pero los dirigentes del partido gubernamental por excelencia parecen decididos a reducirlo a cenizas salvo sus dos bastiones originarios y principales, La Palma y Tenerife, donde API y ATI se atrincheran siempre que el movimiento entra en crisis. En otros lugares como Lanzarote y Gran Canaria el deterioro está posibilitando un importante crecimiento de Nueva Canarias, tendencia a la que contribuyen sus dirigentes locales. Por ejemplo, Fernando Bañolas, al que se acusa dentro de CC de dividir a los comités grancanarios con decisiones polémicas. Hace dos días se pudo evidenciar en una reunión que con carácter reservado celebró con los líderes de Gáldar, Guía, Telde, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía de Tirajana, la inmensa mayoría de ellos de clara tendencia clavijista. El representante de Guía recordó al presidente insular la promesa de llevar a su alcalde, Pedro Rodríguez, en el puesto número dos al Cabildo, frente a los anuncios de Bañolas de reservar esa plaza para Aurora Moreno, de Arucas. El ambiente se fue crispando hasta producirse amigables lanzamiento de puñales, con un Bañolas mostrando en su móvil mensajes de su hermana, concejal en Guía, recogiendo la inquietud vecinal guíense si el alcalde hacía doblete al Cabildo. La guinda al debate, por llamarlo de algún modo, la puso el representante de Arucas, Juan Francisco Padrón, que decidió él solito que el problema de Pedro Rodríguez se resolvería dándole la presidencia de la Fecam, como si la federación canaria de municipios fuera de su propiedad. Estas trifulcas internas, de las que hoy acercamos el último botón de muestra, están conduciendo a muchos dirigentes municipales de CC en Gran Canaria a celebrar reuniones de confluencia con Román Rodríguez, cuyo crecimiento electoral podría convertir en papel mojado todas las promesas de Bañolas de repartir puestos: empieza a ser difícil incluso que él pueda obtener su acta de consejero en el Cabildo.