¿Desde cuándo preocupa a Ashotel un vertido de hidrocarburos?

El presidente de Ashotel, la patronal turística de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, está muy preocupado por la contaminación que está provocando en las aguas canarias el pesquero ruso Oleg Naydenov. “A alguien se le fue la pinza”, ha dicho, “ese fuel nunca tendría que haber llegado al mar, estamos muy enfadados y preocupados y no oigo explicaciones razonables ni dimisiones”. Jorge Marichal se expresaba así de contundente este mismo lunes, 27 de abril, en el encuentro anual con los periodistas que celebra su patronal. Veamos qué decía el mismo dirigente empresarial hace menos de un año, concretamente el 1 de julio de 2014: “No creo que el turismo deje de venir a Canarias por los sondeos petrolíferos” porque el turismo “va a México, a California y a Tarragona”. La pregunta “petróleo sí, petróleo no es muy fácil, pero no es la apropiada cuando se tiene un desempleo que alcanza al 35%” de la población activa. A mayor abundamiento, Marichal vaticinó que “tal vez extraer petróleo durante 15 años puede servir para que los beneficios que se obtengan se inviertan en conseguir después de ese periodo que Canarias sea cien por cien renovable y que los beneficios se destinen, entre otros asuntos, a la promoción turística del archipiélago”. A alguien se le fue la pinza, dice el dirigente de la patronal turística, preocupado por un vertido de 1.400 toneladas de fuel de navegación. Ni una palabra sobre los efectos de un posible vertido de una explotación petrolífera que pretendía extraer cien veces esa cantidad cada día se le oyó pronunciar en los meses previos a los sondeos, conociendo como se supone que conoce los efectos devastadores que accidentes como los del Golfo de México, que acaba de cumplir cinco años, siguen teniendo sobre la industria a la que representa. Marichal, como otros muchos empresarios, sólo habló de compensaciones económicas si se encontraba petróleo, y se refirió a los riesgos siempre en un sentido puramente mercantilista. Que hagan las cuentas los que apoyaron a Soria a ver si ahora les saldrían.

 

 

El PP es renovable

Es tan disparatada la apuesta por las energías fósiles y los riesgos que su explotación conlleva, que el Partido Popular ha sacado de su programa electoral para las autonómicas del mes que viene este asunto en todas sus vertientes. Ya no se habla de las competencias de las comunidades autónomas para autorizar prospecciones o fracking en sus territorios. Aunque les parezca increíble, el mismo partido que ha pretendido penalizar el autoconsumo y privatizar el sol, el mismo partido que con su primer decreto del año 2012 cercenó de un golpe certero el esperanzador crecimiento del sector de las energías verdes en España, se presenta ahora ante sus electores con una pretendida defensa de “otras alternativas energéticas como la producción eléctrica mediante fuentes renovables”, según El Mundo. La reducción de la dependencia energética, uno de los espantajos que siempre agitó Soria para imponer los sondeos en Canarias, sigue siendo una prioridad, pero con un matiz nada desdeñable: La energía es una pieza clave de la competitividad de la economía, pero es “una prioridad” que esta sea “segura, limpia y a precios asequibles para empresas y familias”. Ahora nos explicamos la cara de desolación de la ministra de Fomento coordinando las tareas de limpieza de piche de las costas canarias o los gritos que de lado a lado del pasillo de la planta principal del palacete de la Plaza de la Feria profiere la señora subdelegada del Gobierno pidiendo informes que le permitan decir algo coherente al público municipal y espeso.

 

Los Verdes, con guantes y mascarillas

Esto del pesquero ruso ha cabreado a mucha gente en Canarias. Es verdad que cualquier parecido con un blow out es mínimo, pero ha servido como ejemplo cruel de lo que puede pasar con nuestras corrientes, nuestros remolinos oceánicos y nuestras condiciones naturales ante cualquier accidente, por pequeño que pueda parecer. Una oportunidad única para reclamar que la vigilancia satelital de la Unión Europea sobre las rutas marítimas se extienda al Archipiélago para detectar de inmediato cualquier fuga que pueda provocar un navío en alta mar, de modo que no nos enteremos cuando nos llegue el vertido a la costa con el infractor en las conchimbambas. Por cierto, el software que usa Bruselas para estos menesteres fue nacido y ensolerado en Canarias, para que luego digan que no exportamos tecnología de alto nivel. Mientras se toman soluciones y se identifica a los culpables, lo que toca es coordinarse y aminorar al máximo los efectos de esta marea negra del Olegario. Coordinadamente, claro, y no como ha sugerido que hagamos el candidato a presidente del Cabildo de Gran Canaria por Los Verdes, Francisco Ojeda, la tercera pata de la futura Corporación. En un whatsapp masivo que envió hace unos días llamaba al personal a movilizarse para ir a limpiar las playas del suroeste. “No disponemos de equipo de protección; consíguete mascarilla y guantes”, decía antes de facilitar su número de teléfono móvil y un correo donde apuntarse. Nada decía de la protección del resto del cuerpo del voluntario en cuestión, pero teniendo en cuenta que nos referimos al presidente de la Asociación Nudista y que en su cartel de presentación aparecía en pelota picada, nos podemos imaginar cuál podría ser el uniforme. Menos mal que tenemos al frente de ese operativo errático a la ministra Ana Pastor, oye.

 

Bermúdez, tocado por el mamotreto

Todo es muy sutil, un habilidoso y empalagoso juego de palabras destinado a confundir al público. Si tumbara el mamotreto teniendo la posibilidad de mantenerlo prevaricaría, ha dicho con otras palabras a La Opinión de Tenerife el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. ¿Cómo lo ha dicho? Pues con este enrevesado juego de palabros y conceptos jurídicos inexistentes: “Si hay un instrumento en el planeamiento vigente que permita mantenerlo, estoy obligado a dejar en pie el edificio por el principio jurídico de mínima demolición (sic), es decir, si entre todas las soluciones legales que tengo, hay una que es legal y que me permite mantenerlo, tengo que escoger entre todas las que el juez me permite porque el principio jurídico de mínima demolición dice que si a sabiendas de que puedo mantenerlo y que hay un instrumento legal que me permite hacerlo, escojo demoler, estaría prevaricando”. Puede que el concepto jurídico de “mínima demolición” sea o muy viejo para no estar en Google o demasiado nuevo como para que solo aparezca en ese buscador una sola referencia, la del mismísimo alcalde de Santa Cruz en esta entrevista que comentamos. Lo importante es rellenar la respuesta, atiborrar al lector de conceptos que le hagan creer que estamos ante un asunto que permite muchas interpretaciones jurídicas y que los pobres condenados por la construcción del mamotreto de Las Teresitas son víctimas de la lectura más restrictiva. Así que “principio de demolición mínima”, Bermúdez, no jodas. La prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) sería en todo caso no demoler el mamotreto, lo que derivaría en otros delitos de mayor enjundia si no se ejecutase la sentencia en su totalidad, es decir, reclamando a cada uno de los condenados 111.000 euros por cabeza para que sean ellos los que corran con los costes de esa operación. Porque eso es lo que exactamente ordena la sentencia del juzgado de lo Penal 5 de Santa Cruz de Tenerife, sentencia ratificada tanto por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Supremo, que han desechado por completo todas las tesis y conjeturas lanzadas tanto en el foro como en ciertos periódicos tinerfeños para intentar salvar a la condenada tropa.

 

El incómodo informe técnico

La providencia de la juez de Penal 5 a la que tanto se agarra Bermúdez en esa entrevista dice exactamente que “el pronunciamiento principal es la DEMOLICIÓNDE TODA LA EDIFICACIÓN” (las mayúsculas son de su señoría), “debiendo ser el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el que informe a este juzgado si actualmente existe una nueva normativa territorial y urbanística que posibilite la legalización de la obra”. En ningún caso la juez le está diciendo al Ayuntamiento que actúe por su cuenta, sino que le informe; ni le sugiere que se invente una nueva figura de planeamiento que pueda sacar del ostracismo al mamotreto, acción por otro lado imposible por el principio jurídico de que el planeamiento no puede legalizar lo ilegal; sólo le está pidiendo que diga si actualmente existe esa figura que evidentemente no existe. Bermúdez sabe de lo que habla, pero no lo dice. Los servicios de Urbanismo ya han concluido el informe en el que se asevera que no hay ningún instrumento de planeamiento que ahora mismo contemple la existencia de ese edificio, por mucho que en el Plan General, como sugiere el alcalde, esté dibujado que allí va un aparcamiento subterráneo, o casi. Porque para que exista algo hace falta un plan especial con un nuevo proyecto y una tramitación pública con todas sus bendiciones, exactamente lo que no hicieron los mandamases municipales de la era Zerolo cuando se echaron a la playa y decidieron que aquello se hacía por sus santos cachivaches. De lo que se trata, como habrán colegido rápidamente los lectores, es de ganar tiempo, de esperar a que pasen las elecciones para luego buscar un socio que no sea el PSOE, irreductible en este asunto, y evitar así que vayan a la cárcel personajes señeros de ATI, que tengan que pagar la demolición o que pueda reclamárseles por la vía patrimonial, como sugiere la sentencia, los 10 millones que costó levantar el mamotreto. Porque ATI cuida a sus corruptos para que el tenderete no se le pueda venir un día de estos debajo de manera estrepitosa.