Durante los últimos días han pasado por el despacho del magistrado Fernando de Lorenzo, instructor de la denuncia del Ayuntamiento de Telde contra la juez Zabala, unos cuantos guardias civiles adscritos al cuartel de Santa María de Guía, el que sorprendentemente se hizo cargo de la llamativa denuncia de un reponedor de supermercado contra tres emisoras teldenses a las que acusaba de emitir música sin pagar los cánones. Pero también ha declarado la secretaria del juzgado que encabezó la comisión judicial que entró en julio pasado en la emisora municipal Canal Telde llevándose por delante la emisión, los archivos sonoros descargados ilegalmente y a unos cuantos detenidos. De sus declaraciones, y más concretamente de las precisas preguntas del letrado Eligio Hernández, se deduce claramente la querencia al cableado que tiene el abogado, que incluso ha conseguido que los testigos lleguen a afirmar que el hecho confirmado de haber precintado los cables de emisión de las tres emisoras no impedía que éstas pudieran volver a emitir. Pero, cómo se hace semejante cosa, se preguntarán ustedes. Las respuestas han sido prácticamente coincidentes: muy sencillo, con otro cable distinto al precintado. Es decir, saltándose la intencionalidad del precinto judicial, que no era otra que la de impedir la emisión, como han declarado la mayoría de los deponentes.