La mortalidad en el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC) es tan llamativa que aconsejó en su día al Gobierno encargar una auditoría externa a prestigiosos médicos ajenos a Canarias, de modo que no hubiera dudas sobre los resultados de sus pesquisas. Y esos resultados fueron desoladores para todo el mundo menos para el Gobierno responsable de tomar medidas. Y lejos de tomarlas, la consejera Roldós anunció este jueves en el Parlamento que el Consorcio Sanitario de Tenerife había acordado interponer querella criminal por injurias y calumnias contra el médico denunciante. Mintió porque no consta que el consorcio se haya reunido para esa decisión, más bien parece un capricho suyo y/o del presidente del consorcio, Guillermo Martinón, a su vez director del Servicio Canario de Salud. Luego, la Roldós mintió al Parlamento.