Efectivamente, la quinta conclusión del informe externo encargado por el Ayuntamiento para avalar las tesis del grupo de gobierno sobre el canódromo no deja lugar a dudas: si el consistorio cambiara ahora mismo el uso residencial del que goza la parcela sin que el Tribunal Supremo se haya pronunciado sobre la legalidad de la licencia y del Plan Especial en el que se apoyó el PP para otorgarla, podría incurrir en responsabilidad patrimonial. La que le exigiría, llegado el caso, la constructora Realia, que viene a ser, de todos los protagonistas en presencia, la que se quedó finalmente con ese suelo tras haber pasado de mano en mano, en algún momento de forma meteórica, para que unos cuantos hicieran un pingüe negocio a costa del interés general. ¿Y si el Supremo ratifica la sentencia del TSJC declarando ilegal la licencia? El problema será de otra naturaleza, porque modificando la calificación del suelo (de residencial a zona verde) habría que indemnizar a la constructora, que se supone que ha edificado gracias a una licencia de cuya ilegalidad sólo serán responsables los que la otorgaron. Incluso penalmente. No está este Ayuntamiento para muchos farolillos indemnizatorios, ni Pepa y El Jaber -de Soria, no sabemos- para aflojar 30 millones de euros. El PSOE recordará estos extremos en el pleno de este miércoles, y otros recordarán al PSOE que su postura en la oposición fue precisamente decir no al pelotazo que a estas alturas parece consumado.