Las aguas canarias son de España, recalcó, y para que quedara claro, dijo que “hasta las olas que rompen en las islas, son del Estado”. El mensaje es claro: si alguien piensa ejercer algún tipo de reclamación fiscal sobre las prospecciones petrolíferas, que se vaya olvidando, que toda la recaudación será para el Estado y de su generosidad dependerá que la Comunidad Autónoma reciba algo. La segunda sentencia fue también prosaica, más de consumo mediático, pero también con una temible carga de profundidad política. Soria dijo que se niega en redondo a conceder a Canarias más frecuencias en el espacio radioeléctrico para que el Gobierno de Paulino Rivero pueda convocar otro concurso con el que dar satisfacción a empresas mediáticas que se han sentido maltratadas por el que en estos días está pendiente de adjudicarse definitivamente. Se trata de una petición lanzada por Rivero a Zapatero en los últimos coletazos del Gobierno socialista, aún a sabiendas de que se trataba de una petición de compleja tramitación y escasos plazos para ejecutarla. Pero había que pedirla entonces para colocar al Gobierno entrante en una posición comprometida.