La denuncia que Instrucción 5 todavía está valorando si es susceptible de calificarse como un hecho delictivo, dos años y medio después de haber sido presentada, cuantificaba, muy a la baja, en dos millones de euros el desfase entre lo que se abonó a las entidades gestoras de centros de acogida, por el número de plazas fijadas en convenio, y lo que realmente se debió pagar a estas ONG y grandes fundaciones -sobre todo, Mensajeros de la Paz, Mundo Nuevo y la Fundación Canaria Sociosanitaria- por el número real de plazas ocupadas solo en 2009. Fue un cálculo estimativo, advirtiendo el hecho de que los centros no estaban nunca llenos, pero ahora, con esta auditoría concreta de la Intervención que cifra en casi 450.000 euros lo que se pagó de más solo a la Fundación Canaria Sociosanitaria ese mismo 2009, la estimación fijada en la denuncia de dos millones de euros de más para todas las entidades se puede quedar ya muy corta. Lo único cierto en todo este embrollo de cómo gestiona el Cabildo de Gran Canaria sus centros de menores desde los tiempos del cólera -la de dinero que se habrá ido por ahí a lo largo de décadas- es que la administración pública insular no fiscaliza en absoluto lo que le dice una entidad colaboradora, y da por bueno que han sido tantos los menores acogidos en tal centro, como si la emergencia social fuera excusa para gastar a espuertas no se sabe bien con qué criterio. Y lo peor de todo es que, auditorías internas de la Intervención General y externas encargadas por el actual gobierno del PP aparte, aunque apunten todas al desastre más absoluto en el control de lo público de la gestión privada de los centros, nada se hace ni se pretende hacer para corregir el pufito: el dinero que se da a estos gestores por convenio es más de lo que realmente debiera ser. Y no pasa nada. Qué raro que ningún partido político le haya metido mano al asunto durante tantos años...