Con una alcaldesa como la de Telde es natural y hasta comprensible que en esa ciudad ocurran las cosas que ocurren, como que algún funcionario falsifique expedientes para perjudicar a los que le persiguen por corrupción o que desaparezcan documentos para eludir la ejecución de una sentencia firme. Nueva Canarias, en la oposición gracias a un pacto contra natura entre el PP, Coalición Canaria y Ciuca, recordó este viernes a través de un comunicado que desde el 5 de marzo alguien ha escondido en un cajón una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ordena la clausura de la emisora Radio Aventura por una infracción administrativa no subsanable. El asunto ya entró este viernes en la Fiscalía Anticorrupción, que si lo tiene a bien investigará por qué se escamotea esta sentencia en un ayuntamiento con tanta querencia a la judicialización. La emisora en cuestión fue objeto, quince días después de la notificación de la resolución del TSJC, de un acuerdo de los partidos que forman el gobierno municipal de no acudir a ella ni concederle declaraciones por considerar que “se sustenta en la difamación, la mentira, los insultos, el trato vejatorio, las persecuciones o las grabaciones ocultas”, según recordó este mismo viernes Nueva Canarias en su comunicado. Lejos de asumir la ilegalidad en que se encuentran sus instalaciones y lejos de encajar que emiten sin frecuencia asignada en el reciente concurso de radios, los aventureros comunicadores se atrincheran en su local en la creencia de que la resolución judicial en realidad esconde un ataque a su muy particular visión de la libertad de expresión, consistente en chantajear a los que no pasan por sus exigencias y sus chantajes. La alcaldesa y sus concejales no se atreven ya ni siquiera a cumplir la ley. En realidad, algunos hace años que la incumplen sistemáticamente con una impunidad verdaderamente indignante.