Los afectados denunciaron a Jaime Cortezo y a sus socios y socias ante la Justicia por lo que consideran era una estafa en toda regla. Pero la magistrada que se hizo cargo de la investigación archivó las diligencias al considerar que los compradores debían conocer el estado de precariedad legal de sus viviendas al haberse publicado en la prensa tales circunstancias. Los denunciantes dicen que no cuadran las fechas, que la juez se ha equivocado, que debió llamar a declarar a más personas, entre otras el empresario Gustavo Albarracín, representante de Cortezo para determinadas actuaciones ante la Administración, entre otras, el Ayuntamiento de Telde. Que hay al menos dos viviendas que fueron vendidas por el promotor tras serle notificada la primera sentencia contraria del Tribunal Superior de Justicia. Por eso y por otros muchos motivos recogidos en un durísimo escrito han recurrido el archivo de la causa ante la Audiencia Provincial, que ha designado al magistrado Salvador Alba como ponente de ese recurso. (Por cierto, vayan acopiando nombres y verán que coinciden con los mismos que optan a desbancar a Tadeo de la Cámara de Comercio: Cortezo, Hernández, Albarracín...)