Hasta Esteban González Pons, desaparecido de la escena pública desde que se empezara a conocer su relación con el caso Urdangarín, se sumó este jueves al clamor popular, del Partido Popular, a favor de la rehabilitación moral, política, económica y hasta textil de Francisco Camps, declarado no culpable por un jurado popular, extraído del pueblo, tras el apoteósico juicio de los trajes de la trama Gürtel. Nada que objetar a la postura eufórica de los dirigentes peperos, que tienen todo el derecho del mundo a reclamar lo que quieran, incluso la renuncia de José Antonio Griñán a presentarse a las elecciones andaluzas por, teóricamente, haber mentido. Repetimos, el PP pidiendo dimisiones por mentir. En fin. Si hay algo peor que el comportamiento probado de Francisco Camps y Ricardo Costa, reconocido judicialmente por los otros dos imputados, Campa y Betoret, es pretender hacer creer a los españoles que en el caso de los trajes no ocurrió absolutamente nada, que todo fue una grandiosa confabulación de policías, inspectores de hacienda, jueces, fiscales y periodistas para mortificarles la vida. Las apabullantes pruebas aportadas al juicio, las declaraciones de testigos y peritos no dejan lugar a dudas: Camps y sus otros compañeros de partido no observaron un comportamiento política y éticamente ejemplar, y no es suficiente una absolución judicial para una rehabilitación política. Pudieron ahorrarse el escarnio judicial y ese churrigueresco veredicto: hubiera bastado con asumir las responsabilidades en el primer momento, pedir disculpas y dimitir, como hizo Camps solo cuando ya era carne de banquillo y por presiones evidentes del mismo partido, el suyo, que ahora reclama su rehabilitación.