Por lo tanto parece claro que el Gobierno, en su denuncia ante el Ministerio Fiscal, señala claramente el nombre y los apellidos de la persona física de cuyo comportamiento ante un concurso público sospecha claramente, Paula Díez, de Díez & Romeo. Por lo tanto, la lección de Derecho que ese bufete pretendió dar en su rectificación a La Provincia sobre la atribución de un delito a una persona jurídica carece de cualquier rigor. Es, en aplicación del vocabulario que emplea la señora Díez para refutar a los periódicos, una soberana “gilipollez”. Pero dice más el Gobierno en su denuncia: “No se ha aportado en ningún momento resguardo de admisión” que acredite “con fecha, lugar, hora y minuto de su admisión” (...) “la efectiva presentación de las solicitudes en la oficina de Correos y las circunstancias de la misma”; “nos genera dudas la autenticidad del escrito presentado el 11 de octubre de 2010 cuya autoría se imputa a la oficina de Correos”, y tercero, “si la documentación de los licitadores hubiese sido efectivamente presentada (...) habría sido remitida a esta viceconsejería por los propios servicios postales y no por la representante de los licitadores”. Porque al Gobierno, como a nosotros y a cualquiera que estudie mínimamente el caso, le causó “extrañeza el hecho de que una documentación presentada en una oficina de Correos y dirigida a esta Administración permaneciese en poder de quien supuestamente la depositó en dicha oficina”, es decir, Paula Díez.