Con ese panorama tan bananero, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria busca la fórmula para reclamar algo a la empresa Isolux. Pero ha sido tal la negligencia municipal que se han pasado los plazos para que la Administración pudiera exigir responsabilidades. La obra acabó en enero, pero como no funcionaba, se otorgó a la empresa un plazo adicional hasta junio. Y como nadie ha recepcionado el trabajo pero tampoco lo ha rechazado, la tenemos montada. A lo más que puede llegar la alcaldesa es a retirar a la empresa adjudicataria, tan amiga en el pasado, el contrato de mantenimiento que se incluía en el pliego de bases del concurso. Pero aún así, el Ayuntamiento tendría que rascarse ese raquítico bolsillo que tiene para indemnizar a los adjudicatarios, que es lo que le faltaba a esta ciudad para que el ridículo fuera todavía más sonoro. En Bruselas van a echarse las manos a la cabeza.