Soria tiene, como Houston, un problema. O mejor dicho, un amplio ramillete de problemas. Ha llegado el inevitable momento en que empieza a aflorar su acreditada incapacidad para la gestión de lo público, como atestiguan los regueros de pufos dejados en el Ayuntamiento de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria. La Comunidad Autónoma va camino de batir todos los registros en endeudamiento y por todos lados se le vienen abajo las fantasmagóricas medidas anticrisis, que ni llegan a la categoría de medidas creíbles ni ahuyentan crisis alguna. Más bien parece lo contrario. El recorte presupuestario de 112 millones instado por el Estado ante el incumplimiento del déficit en 2009, presagia una verdadera conmoción mucho más traumática que la que produjo en su consejería la marcha de dos de sus más cualificados colaboradores, la ex directora general de Presupuestos y el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Eulalia Gil y Gabriel Mejías, respectivamente. Empieza a tomar cuerpo el rumor de que la primera se opuso a la orden soriana de recortar en el Capítulo 1, personal, es decir, lo que se paga a los funcionarios, lo que equivaldría a incumplir acuerdos con los sindicatos. El segundo dimitió por solidaridad con la ex directora general.