No es la del caso Canódromo la primera comisión de investigación que señala directamente a José Manuel Soria como cerebro de una trama dedicada a torcer la legalidad vigente para obtener resultados ignotos siempre alejados del interés general y de las buenas y decentes costumbres. En abril de 2007, el voto particular del PSOE en la comisión eólica del Parlamento de Canarias dio por “acreditado que el Cabildo Insular de Gran Canaria, presidido por D. José Manuel Soria, así como el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, organismo adscrito al propio Cabildo, y otras entidades municipales poseedoras de suelo público con potencial eólico, gobernadas todas por el Partido Popular (...) diseñaron sin ningún fundamento legal (...) un procedimiento ilegal para adjudicar suelo público de potencial eólico a aquellas empresas que resultaran ganadores del concurso para la asignación de potencia eólica. De esta forma, y como elemento esencial de la trama organizada para favorecer a determinadas empresas, al margen de la legalidad, se ponía en manos de una única autoridad, el consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, D. Luis Soria, la decisión política tanto del concurso eólico como de la adjudicación de suelo público de potencial eólico perteneciente a determinadas entidades locales, Cabildo y Ayuntamientos del Archipiélago gobernados por el Partido Popular”. Y nadie lo ha investigado penalmente hasta ahora. Manda Trillos, que diría Federico Güevos.