Sobre este blog

El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora

Cosas que pasan en el Senado

José Manuel Soria posa con los diputados y senadores canarios del PP.

De repente se encendieron todas las alarmas en el Ministerio de Industria y durante unas cuatro horas a Repsol y a Soria se les vino abajo el kiosco. Fue el tiempo que duró el espejismo del diálogo con las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, a las que se aceptaba la suspensión de los permisos para los sondeos petrolíferos durante un lapso no determinado que seguramente acabaría después de las elecciones del día 25. Una moción consecuencia de una interpelación presentada por el senador socialista Francesc Antich abría la espita de las desavenencias que públicamente han venido mostrando todas las instituciones baleares frente a las prospecciones en el Mediterráneo. Y a la iniciativa se unía alborozada Coalición Canaria y, por supuesto, el PSOE canario. Cuando saltó a la prensa digital la noticia de aquella aceptación preliminar lanzada por el portavoz de Industria de los populares, el navarro José Ignacio Palacio, se movilizaron los servicios de contramedidas del Ministerio de Industria y los senadores del PP por Canarias hasta hacer entrar en razón al Grupo Popular para que la propuesta quedara rechazada. Eso sí, con la fuga dolorosa de cuatro senadores que rompieron la disciplina de voto y se alinearon –como explicaron luego- con el sentir generalizado de Baleares contra las prospecciones. ¿Y los senadores canarios? Como decíamos, jugaron exactamente al revés que sus colegas baleares y, presas del pánico, corrían de un lado para otro mostrando su inquebrantable lealtad a Su Excelencia y echándose las manos a la cabeza por lo que podría haber supuesto una victoria histórica de Paulino Rivero, que tan sólo ocho días antes había pedido exactamente eso a Rajoy: la suspensión de los permisos y la apertura del diálogo con los archipiélagos.

Hernández Bento monta en cólera

No se guardó el subsecretario de Estado de Industria, el siempre contundente Enrique Hernández Bento, ningún calificativo marca de la casa para explicar lo ocurrido en el Senado al ponerse en peligro el fabuloso negocio que él y su señor ministro le tienen prometido a Repsol en aguas canarias. Bento descalificó por igual a los senadores socialistas como a los cuatro del PP que secundaron la moción: “Irresponsables que solo se miran el ombligo”, vino a decir quien comparte ministerio con uno de los ombligos más autorretratados del territorio patrio. Seguramente andaba aún sumido en el sofoco que le produjo conocer las noticias que venían del Senado, donde un descompuesto senador Palacios había anunciado que hacía suyas las instrucciones de Mariano Rajoy, seguramente evacuadas al hacer sus cálculos electorales y concluir que ningún voto es despreciable en un momento tan crucial como el que marcan las elecciones europeas. Los primeros intentos por que la marcha atrás no fuera clamorosa fueron aún más lamentables: el PP trató de cambiar el espíritu de la moción por un condicional inadmisible: sólo se harán las prospecciones si las respectivas declaraciones de impacto ambiental resultan positivas, lo que equivale a concluir que en alguna mente perversa del Gobierno se está planteando tirar p’alante diga lo que diga Medio Ambiente. Algo perfectamente creíble a la vista de lo ocurrido en la Cámara este miércoles.

Una letanía de explicaciones tontas

El resultado final es el que ustedes conocen: el PP balear se da un baño de coherencia entre los suyos y el canario vuelve a demostrar cuáles son exactamente sus órdenes y lo que le importa que pueda haber repercusiones políticas o electorales. No podían de ningún modo admitir que pudiera leerse en Canarias que Paulino Rivero había conseguido un triunfo tras su reunión con Rajoy el pasado 29 de abril, histórico día de la conquista de Canarias vuelta del revés por arte de las coincidencias. Pero no podían decir eso. Así que empezaron de nuevo las invenciones. Antonio Alarcó asegura a quien le pregunta que todo lo ocurrido no es más que un acontecimiento cotidiano de negociaciones en el Senado; pero testigos presenciales afirman haber visto a Pepa Luzardo absolutamente desquiciada ante lo que se podía venir encima a los parlamentarios canarios. Durante las horas en las que el núcleo duro del Grupo Parlamentario Popular se encerró con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, los intentos por ofrecer explicaciones fueron ingentes: que si Canarias no es igual que Baleares porque “uno es un mar abierto y el otro es cerrado”; que si en Canarias existe “la amenaza marroquí”, que nos mama el petróleo en nuestras narices, que Repsol es una potencia mundial en prospecciones a grandes profundidades… y la más socorrida ahora que ven las orejas al lobo: que a la petrolera habría que indemnizarla si se le suspendieran ahora los permisos. Una chorrada del calibre 22 cuando la autorización está totalmente condicionada a una declaración positiva de impacto ambiental, y cuando, a mayor abundamiento, no puede haber lucro cesante donde todavía no se sabe lo que se puede encontrar. El fantasma del caso Tebeto y el papel que en él desempeñó José Manuel Soria (a la sazón consejero de Hacienda) como facilitador de la indemnización que pretendía el empresario Rafael Bittini, volvía a hacer su aparición.

Repsol se pone faltona

Es verdad que José Ramón Bouzá, presidente de Baleares y del PP insular, había avisado a Rajoy de que habría indisciplina de sus senadores (ya han llamado a consultas a la senadora que se saltó la unanimidad balear), pero más debieron pesar sobre el ánimo del presidente del Gobierno lo que quiera que le haya dicho José Manuel Soria durante las horas de tensión que se vivieron este miércoles en el Senado. Está en juego añadir a Repsol a la lista de damnificados por la caótica política energética del ministro canario, además de otras cuestiones que a nosotros se nos escapan pero que nuestros lectores serán capaces de imaginarse a poco se pongan a la labor. La compañía petrolera de la que Soria es empleado del año empieza a perder los nervios, y lo evidenció esta misma semana cuando aseguró que la protección de las zonas donde se pretenden las prospecciones ha sido un invento del Gobierno canario, que a tal fin ha manipulado a entidades consagradas a la investigación ambiental del medio marino, como la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en Canarias (Sesac). Para Repsol, la modificación que ha sufrido el área de Lugar de Interés Comunitario (LIC) que le afecta se ha producido por “motivos políticos”. Literal. Olvida la compañía de Brufau que el proyecto para investigar las diez áreas marinas más relevantes de España –entre las que se encuentra el espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura- fue impulsado en 2009 por el Gobierno de España y por la Unión Europea con el objetivo de reforzar la Red Natura 2000, y que se encuadró todo ello en los denominados Proyectos Life, “y de forma específica para este trabajo, en el ámbito del proyecto Life Indemares”, como se encargó inmediatamente de recordar la Oficina para la Acción Global del Cabildo de Lanzarote. Fue el Gobierno de España, y no el de Canarias, el que contrató y pagó (14,5 millones de euros) a los equipos científicos necesarios para llevar a cabo ese proyecto, y sus trabajos –coordinados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- concluyeron en diciembre pasado. Uno de los equipos contratados fue el del Sesac, ahora demonizado por Repsol para tratar de encontrar una conspiración donde sólo hay trabajo científico. Justo el que no hicieron los equipos que la compañía contrató para su estudio de impacto ambiental. ¿O sí hicieron sus deberes y lo que hizo Repsol fue esconderlos para que la tramitación fuera más liviana?

Se echa diciembre encima

Lo que sabe Repsol, y por eso se rebela, es que las constantes advertencias lanzadas estos últimos días por las autoridades ambientales españolas (lo ha hecho Cañete, ya como candidato) es que no habrá prospecciones en ningún sitio si no hay una declaración de impacto ambiental, que se está tramitando en estos momentos no con pocas dificultades. Tanto Cañete como sus sucesores han advertido seriamente del carácter puramente técnico y científico de la resolución que vea la luz, y si se aplica el rigor administrativo, Repsol se verá obligada a subsanar tanta documentación misteriosamente raptada del expediente que, tras su aportación, será necesaria una nueva tramitación, con su correspondiente periodo de información pública, las alegaciones, la contestación a las alegaciones y lo que te rondaré, morena. Por eso hubiera resultado absolutamente catastrófico para la petrolera que en el Senado pudiera prosperar el más mínimo retraso, porque eso supondría dar al traste no sólo con el calendario tantas veces anunciado (y acariciado) por el ministro y su subsecretario, sino con una inversión y unas expectativas que a cualquier empresa cotizada en Bolsa le hace un verdadero siete. Porque tras el previsible retraso que va a experimentar la tramitación, es muy posible que lleguen nuevas resoluciones judiciales negativas, y a final de año, la aprobación del LIC de la zona donde se pretenden hacer los sondeos, lo que equivaldría automáticamente a su suspensión eterna. Las instituciones baleares impulsan ahora una decisión similar a la que tomó Francia en 2012: declarar “libre de prospecciones el Mar Mediterráneo” para que primen otras actividades como la pesca o el turismo, y para que se preserven los valores naturales. Canarias iría inmediatamente detrás.

Con Solano estamos en buenas manos

Antológicas las declaraciones que este miércoles hizo en Meloneras el jefe superior de Policía de Canarias, Valentín Solano, al ser cuestionado por los periodistas por la prohibición emanada del Ministerio del Interior de que jueces y fiscales pudieran visitar el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco. En lugar de ceñirse al manual y a la enjuta explicación ofrecida por el secretario de Estado de Seguridad (“no hay cobertura legal”), al comisario no se le ocurrió otra cosa mejor que ponerse a pontificar y dar ejemplos. El resultado no fue otro que la evidencia de que el máximo responsable de la Policía en Canarias no tiene ni pajolera idea de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que conduce irremediablemente a pensar que quizás no conozca ni las reglas del parchís. Porque ya nos dirán ustedes qué jefe policial puede atreverse a decir, sin que le abran expediente y lo manden al instituto, que “un CIE es una institución que tiene un reglamento donde no se contemplan este tipo de visitas”. O, ya metido en la euforia, poner como ejemplo el siguiente: “¿Alguien se plantea que unas personas que no tienen nada que ver visiten la cárcel de Juan Grande? ¿O que vayan a un hospital o a un centro de menores? Es el mismo caso”. Primero, no es el mismo caso, porque un policía sabe, desde que sale de la academia, que un CIE no es una prisión, lo que evidencia que no es bueno hacer comisario a quien no ha pasado por las aulas. Segundo, en el caso de que fueran la misma cosa, los jueces están habilitados para entrar en una cárcel casi casi cuando les dé la real gana y sin pedirle permiso a nadie. Lo dice, sin ir más lejos, el artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y tercero, llamar “personas que no tienen nada que ver” a jueces y fiscales ya no es solo ignorancia, es desprecio, lo que nutre la tesis de que el Ministerio del Interior está alimentando mandos que se pasan el Estado de Derecho por el arco del triunfo. Un detallito por último: dentro de dos semanas habrá un grupo de jueces en el hospital pediátrico del Niño Jesús, de Madrid, en el marco de una actividad de formación idéntica a la que se celebra estos días en Gran Canaria. La visita ha sido acogida con gran aceptación por parte de todo el equipo terapéutico de los menores, que no solo no se oponen, sino que la agradecen. Un juez o un fiscal no van de paseo a un CIE, a una cárcel o a un hospital, van a trabajar y a formarse, algo que quizás el jefe superior ya ni sabe lo que es.

Muere Estela Bravo de Laguna a los 103 años

Este miércoles falleció repentinamente a la edad de 103 años una mujer de bandera. Se llama Estela Bravo de Laguna, madre de Francisco (ya fallecido), Rafael y Margarita Bravo de Laguna, abuela de diez nietos (Pachi, Sofía, Mar, Margara, José Félix, Francis, Juana, Borja, Andrea y Rafita)y once biznietos, entre ellos la única que perpetuará su nombre, Estela. Ya la están echando de menos. Prototipo de la matriarca canaria que hasta el final vela por el bienestar de todo el clan, la abuela de los Bravo de Laguna se marcha tras una vida plena a la que nunca dio la espalda, a la que se enfrentó con entereza y buen humor a pesar de sus sinsabores. Viuda desde los 70 años de Francisco González Roca, este próximo mes de junio hubiera cumplido los 104 años. Sus restos mortales están siendo velados por la familia y los amigos en su domicilio familiar de la calle Buenos Aires, en Las Palmas de Gran Canaria. Este jueves se incinerarán a las seis de la tarde. Descanse en paz.

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