El sumario de Las Teresitas va camino del Tribunal Supremo. La juez que lo ha instruido en Canarias ha acabado su cometido y la designación de Miguel Zerolo como Senador le impide abrir juicio con jurado en el TSJC. Durante estos cinco años de investigaciones, cuyos datos más significativos se están dando a conocer ahora tras levantarse el secreto que pesaba sobre la causa, parece meridianamente claro que el escándalo de Las Teresitas fue una operación perjudicial para Santa Cruz de Tenerife por lo que supuso de quebranto para su Ayuntamiento, de deterioro de la imagen de una entidad bancaria de derecho público como Cajacanarias, y por la imposibilidad legal de ejecutar sobre esa playa una operación limpia que la convirtieran en un centro público de uso ciudadano. Tales consecuencias tienen unos responsables políticos claros, muchos de los cuales hace tiempo que se vieron abocados a abandonar la política y dedicarse casi exclusivamente a defenderse de los cargos que se les atribuyen. Unos responsables políticos de cuyos comportamientos personales hay datos incuestionables: enriquecimientos injustificados e inexplicables; inversiones y movimientos de capitales cuanto menos opacos; tratos de favor, tráfico de influencias, compras de voluntades... que confluyen inexorablemente en la misma figura, el senador por la Comunidad Autónoma Miguel Zerolo Aguilar.