Esperar a que el PP mueva ficha y pida a Mari Carmen Castellano que se retire para salvar el pacto en Telde y la transparencia y honradez del partido es una quimera. La prefieren en el puesto pese al desgaste que va a suponerles antes de producir un movimiento de fichas. No hay recambio que pueda ser aceptable porque el número dos, Francisco López, ya tiene tarjeta amarilla. Además, los populares se creen inmunes a la corrupción, como demostraron este mismo domingo en su convención regional, con un secretario general, Asier Antona, solidarizándose con la acusada como si la petición de cárcel que acababa de recaer sobre ella fuera una calamidad natural o una falsedad mayúscula. Ni una defensa a su gestión como alcaldesa, ni una referencia a los tres delitos que la Fiscalía Anticorrupción le ha endosado (malversación, fraude y falsedad). La doctrina reinante en el partido de Soria es que su comportamiento en el cuatrienio negro, origen del caso Faycan, fue refrendado por los votantes que la eligieron alcaldesa (extremo ligeramente falso), como refrendaron en Mogán a Francisco González, pendiente de cómo prospere (si prospera) el caso Góndola. Si tanta solidaridad personal despierta la señora Castellano por su enojosa situación procesal, el primer consejo que cabría darle para evitarle el sufrimiento y el oprobio al que va a ser sometida a partir de ahora, es una dimisión. Pasaría al mismo segundo plano del que gozan otros cabecillas de la presunta trama, como Carmelo Oliva o Paco Valido. El PP va a preferir inmolarla, esperar a ver cómo reaccionan los socios de Coalición Canaria para intentar volver a convertirse en víctima de su propia corrupción.