No nos hacemos una idea de la cantidad de dinero que se tiene que estar gastando el empresario Santiago Santana Cazorla en ejercer su legítimo derecho a la defensa. Posiblemente sea similar a lo que le está costando la campaña de imagen que ha emprendido, con la ayuda de José Manuel Soria y el periódico Canarias7, consistente (la campaña) en tratar de enturbiarlo todo alrededor de la operación Góndola y la detención que sufrió en el marco de la misma. Dice Soria, y rápidamente lo publica Canarias7, que tal detención fue ordenada por Juan Fernando López Aguilar, lo que constituye un disparate de proporciones siderales. Olvida Soria y se le ha escapado a Canarias7, que anda desbrozando el sumario en busca de algún socialista, que la detención de Santana Cazorla ha quedado perfectamente avalada por la Sección VI de la Audiencia Provincial, de la que casualmente forma parte nada menos que Emilio Moya, un magistrado que durante una etapa fue viceconsejero de Justicia, precisamente a las órdenes de una consejera del PP, María Australia Navarro, recientemente elegida presidenta de ese partido en Gran Canaria.