Se diluyeron en Valencia los virulentos ataques contra el Gobierno de España que en 2011 llevaron a todas las autoridades de todos los partidos de la comunidad a oponerse firmemente a las prospecciones petrolíferas frente a sus costas. Hubo, y hasta hace escasos días siguió habiendo, pronunciamientos bastante subidos de tono entre los que destacaron, como siempre, los de la alcaldesa Rita Barberá y los del inasequible al desaliento Esteban González Pons. Sus argumentos, equiparables en tamaño y esplendor a los mostrados por las más radicales autoridades canarias, murieron súbitamente esta misma semana ante la visita oficial que a Valencia giraron dos ministros, el de Exteriores, Garcia-Margallo, y el de Industria, José Manuel Soria. Éste fue irreductible y a sus argumentos se plegaron todos los cargos públicos del PP: habrá prospecciones frente a la Albufera porque lo contrario, dijo el canario, “sería prevaricar”. Dice esto el ministro porque las prospecciones valencianas fueron autorizadas por el Gobierno socialista y ya se sabe que nada que hicieran los socialistas están dispuestos a enmendar los populares, como está quedando suficientemente acreditado. Salvo todo lo que sea beneficiar a Repsol, que ante palabro tan sagrado, no existe prevaricación, arbitrariedad o desvío de poder que se resista.