Es evidente que todas las propuestas lanzadas por Rajoy son de aplicación en cada una de las autonomías, nacionalidades y ciudades autónomas españolas, por lo que no cabe hablar de marginación, olvido o desprecio a nadie. No parece que el de este lunes fuera el debate propicio para descender a detalles sobre el retraso de tal carretera o el trasvase pendiente. Pero cada uno sacó la lasca que le apeteció o más le convino, nosotros incluidos. Y nuestra lasca, el pasaje del debate que más nos entusiasmó, fue el momento en que Rajoy anunció que dentro de las medidas de reforma de la administración, con el objetivo de hacerla más eficiente, austera y transparente, se encuentra la fiscalización previa al gasto, que ni un solo compromiso se haga sin tener la partida presupuestaria que le corresponde. Enseguida nos acordamos de una de las decisiones más controvertidas de la etapa de José Manuel Soria como consejero de Economía y Hacienda, precisamente la sustitución de ese control previo por una revisión a posteriori y con carácter aleatorio. La tomó el ahora ministrable cuando la crisis ya había estallado, y cuando según sus soflamas, él ya sabía conocía desde hacía tiempo su existencia: en 2009. El cabreo del cuerpo de interventores de la Comunidad Autónoma fue colosal porque, entre otras lindezas de Soria y de su interventor general, Enrique Hernández Bento, tal arbitrariedad se justificaba en la lentitud que tenía el Gobierno en aplicar los presupuestos por culpa de los reparos y las revisiones reglamentarios. Nosotros sabemos que esa era la excusa perfecta para hacer y deshacer sin control.