Nunca hemos dudado de que una de las mayores preocupaciones del actual Gobierno de Canarias es el control de los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados. Las dificultades electorales que se ven venir los dos partidos que forman el pacto, PP y ATI, les obligan a doblar esfuerzos en esa materia, la de prensa y propaganda, sin reparar en gastos ni en pudores, que paga el erario público. Ya les hemos contado aquí cómo es que adjudicaron las televisiones digitales terrestres a los amigos y, cuando tuvieron dudas, a auténticos chiringuitos incapaces de desarrollar cualquier proyecto mediático que consista en algo más que grabar una boda o un bautizo y comercializarlo entre los parientes de los homenajeados. Pero empezamos a tener datos que contribuyen a cerrar ese círculo.