Probablemente no haya parangón en ningún gobierno democrático del mundo. Lo que le ocurre al de Canarias, que pierde una tras otra todas las sentencias contencioso-administrativo de verdadero calado, es difícil de encontrar en las sociedades civilizadas. Y no vale echar la culpa a los servicios jurídicos, que seguramente hacen lo que pueden cuando la chapuza (o la trapisonda) ya está hecha. El TSJC acaba de volver a condenar al Gobierno de Paulino Rivero (y esta vez no es asunto heredado, como el de Tebeto) por lo rematadamente mal que hizo los concursos para adjudicar las licencias de televisiones digitales terrestres regionales, las famosas TDT. Y lo ha hecho fundamentando el fallo en una sentencia anterior, la que también anuló las adjudicaciones de las TDT de la isla de Tenerife. El argumento es el mismo: la baremación de las ofertas se hizo en base a un informe encargado a una consultoría externa, la catalana Doxa Consultores, a través de un informe confeccionado a la medida de lo que se solicitaba, es decir, ponme ahí que se lo puedo dar a estos amigotes, en el caso regional, la Cope y Antena 3.