Las adjudicaciones de la era soriana en Economía y Hacienda están plagadas de firmas madrileñas, quizás por esa ansiedad que lleva soportando el líder del PP canario por trasladarse a la capital de España a continuar con su carrera política. No podía ser ajena a este maremoto adjudicador la multinacional Price Waterhouse and Cooper, que se llevó en octubre de 2009 un contrato por algo más de 132.495 euros para hacer un “trabajo de campo necesario para cumplir el objetivo del mandato judicial del procedimiento abreviado que se sigue en el Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria con el número 0187/2005”. Nada que objetar al intento gubernamental de cumplir con los mandatos judiciales, pero debió ser de ahora para después porque Soria lo adjudicó por la vía de urgencia y por el procedimiento negociado y sin publicidad. O sea, a dedo. Otra firma madrileña, Consultores de las Administraciones Públicas, se llevó en septiembre de 2009 un contrato de “asesoramiento financiero a la Dirección General del Tesoro” por importe de 28.476 euros. Y en julio de ese año, una consultora con sede en Rivas-Vaciamadrid fue la encargada de actualizar los planes de autoprotección de los edificios de usos múltiples uno y dos de Las Palmas de Gran Canaria por importe de 95.985 euros.