Mientras, en Lanzarote, continúa la conmoción en varios frentes, el político, el empresarial y el institucional. Las diecisiete detenciones que de momento se han practicado en relación con la operación Jable confirman los peores presagios acerca de la presunta connivencia entre esas tres actividades. La caída del empresario José María Rosell, dedicado a la hostelería y al turismo, ha ocultado momentáneamente la del responsable de Urbaser en la isla, Jacinto Álvarez, al que se atribuye el supuesto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones relacionadas con la limpieza viaria y la recogida de residuos. Urbaser es una empresa del grupo ACS, de Florentino Pérez, muy presente en Canarias. De hecho acaba de adjudicársele en febrero pasado un suculento concurso por valor de 974.000 euros para diversas obras de acondicionamiento en el complejo medioambiental de El Salto del Negro, en Gran Canaria. La adjudicación, por concurso urgente y abierto, fue firmada por el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, y cuenta con fondos de cohesión europeos. Si se aplica la doctrina de las empresas de esta envergadura, Urbaser despedirá a su empleado y se desentenderá de sus actividades presuntamente ilícitas, de modo que cualquier derivación penal no afecte a la contratación pública, de la que dependen casi exclusivamente. Así hizo Dragados en la operación Faycán, tras ser detenido su delegado en Canarias.