La solemne entrada de ese cachito de expediente de la hemodiálisis en el Parlamento respondía, ni más ni menos, al terror del Gobierno a enfrentarse a un pleno de la Cámara sin haber respondido con la dignidad y la exigencia institucional a las peticiones de información de la oposición y de la opinión pública canaria. Había que mandar algo, así que enviaron los documentos más pacíficos, que si el informe de la doctora Palop, ya conocido y debatido, incluso por ella, que si las certificaciones de la adjudicación provisional firmada por Mercedes Roldós, que si la orden de Bañolas paralizando la adjudicación definitiva... Pero nada de chicha. Cuando los socialistas preguntaron por los motivos de tamaña tomadura de pelo, desde el Gobierno se contestó que los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma habían decidido que eso es lo que se puede enviar de un expediente que aún no está concluso, que vayan tirando con eso, que ya veremos lo que les vamos suministrando a cuentagotas. O sea, que ni foliado ni sin foliar, el Gobierno ha mandado lo que le ha salido de la punta del calcetín, y al que no le guste, que se aguante.