Pérez basa su propuesta en la falta de encaje constitucional que tiene el aforamiento que los parlamentos autonómicos se han dado para sus miembros. La Constitución sólo prevé ese privilegio para los diputados y senadores, pero cuando se empezaron a redactar los estatutos de autonomía, las cámaras abrazaron con fervor esa previsión, con la que se intenta impedir que la vida de las autoridades se vea sometida a la permanente judicialización. El órdago del portavoz socialista encierra una auténtica trampa para sus propios compañeros de partido y para las otras dos fuerzas políticas presentes en el Parlamento, PP y CC, porque a ver quién tiene los arrestos para decir que no, para mantener un fuero que no tiene más aval que el trato de favor auto otorgado por sus señorías. Si prosperara, dejará de ser atractivo eso de nombrar jueces del TSJ desde el Parlamento.