Como en todo colectivo que se precie, las campañitas del PP contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están sentando de manera desigual en el Cuerpo Nacional de Policía. Algunos -no todos- de los más cercanos al partido de Rajoy se regocijan con restas irresponsables ocurrencias. Suelen ser mandos descontentos por la etapa socialista que les está tocando vivir, con ascensos interrumpidos y, cómo no, en desacuerdo con que se investiguen tantos casos de corrupción “del partido”. Conocemos casos de inspectores militantes del PP indignados con los delirios conspiranoicos lanzados desde sus filas. Pero la mayor indignación radica en la impotencia que a todos ellos les está generando no poder interponer una querella por calumnias contra todos y cada uno de los dirigentes políticos que han insultado al Cuerpo Superior de Policía. Porque es imposible sostener una acusación en exclusiva contra un mando policial si, para actuar arbitrariamente, no cuenta con la complicidad de sus subordinados. En cierta medida, y aunque pueda parecer extraño, esa indignación se torna desánimo y hasta temor ante la duda de cómo actuar la próxima vez que haya que detener a un político, particularmente uno del PP. Si hasta ahora el trato ha sido correctísimo, ¿tendrán que llevarlos en limusinas? ¿Habrá que contratar un catering que sustituya al bocata de todos los detenidos? ¿O mejor ni los investigamos?