Lamentamos tener que dar un disgusto a la dirección regional del Partido Popular de Canarias, porque mira que nos entristece ser portadores de malas noticias. Pero es que los estatutos de los partidos están para cumplirlos, y mucho más en los tiempos de tribulaciones que nos asaltan. Si los estatutos recién aprobados, todavía con la tinta fresca, dicen que hay que expulsar automáticamente del PP canario a cualquier militante contra el que se dicte auto de apertura de juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción, eso hay que hacer. Y acaba de aparecer otro, miren por donde. Se trata del que fuera alcalde de Valverde, el hoy diputado regional Agustín Padrón Benítez, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de cinco años de prisión, nueve de inhabilitación y una indemnización al consistorio de más de 143.000 euros. A Padrón Benítez se le imputan los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa por haber comprado en 1999 una parcela por un precio que era cuatro veces superior a los dos informes técnicos emitidos por funcionarios municipales. Dice el fiscal en su informe que su señoría hizo caso omiso a tales informes “con la intención de proporcionar un lucro patrimonial a un tercero a costa de la Corporación”. Hay que ver, Agustín. Este nuevo acusado se suma a la galería de no expulsados que hemos propuesto al PP para el cumplimiento de sus estatutos: Luz Reverón, María del Carmen Castellano y Jorge Rodríguez. Un mes después del congreso, ya tenemos cuatro. Suma y sigue.