Más desabrido de lo que se esperaba, este jueves quedó visto para sentencia el juicio que se siguió en Penal 6, en Granadera Canaria, contra los ex alcaldes de Santa Brígida Carmelo Vega y Antonio Díaz, acusados de los delitos de prevaricación administrativa, fraude y exenciones fiscales por haber perdonado el impuesto de construcción a la empresa a la que se adjudicó la construcción de un centro comercial en el corazón de la villa. La fiscal se mantuvo en sus trece, reclamando para los acusados una pena de dos años de prisión y nueve de inhabilitación, aún después de que el denunciante, el hoy concejal verde (y a veces colorado) Antonio Ramírez, se retirara del proceso al descubrir que: a) ahora forma parte del grupo de gobierno (Verdes-PP, ¡madre del amor hermoso!) que en su día denunció siendo concejal socialista en la oposición; b) los informes que presenta el Ayuntamiento son favorables a la excepción permitida; c) el alcalde Lucas Bravo de Laguna tiene una extraordinaria capacidad de convicción, hasta el punto de haber sido el primero que perdió la condición de denunciado. Fue la culminación penal de un mamotreto que ahora está pendiente del Supremo en su vertiente contencioso-administrativa.